El Gobierno dejó de pagar programas de apoyo al menos a 370 pequeñas y medianas empresas que concursaron y obtuvieron fondos para desarrollar proyectos específicos. Se trata de iniciativas gestadas en la administración anterior pero que contaron con cinco firmas, el aval de un comité de evaluadores y de funcionarios técnicos que hoy continúan en el equipo económico. Estiman que solo en la subsecretaría PyME se adeudan más de $20.000 millones a valores de 2023.

Pese a que el Gobierno dice no incumplir contratos, Ámbito pudo corroborar que desde finales del año pasado el Estado acumula deudas con más de 300 empresas que concursaron para obtener Aportes No Reembolsables en el marco del Programa Potencia Pymex, una inciativa que buscaba impulsar proyectos de exportación.


“No se ha firmado absolutamente nada más. No se ha sacado ningún pago y parece que no hay intención de hacerlo, en el Fondep hace tiempo que está todo parado”, reveló a Ámbito una fuente al tanto del movimiento de los expedientes del ex Ministerio de Desarrollo Productivo.
Incertidumbre en las empresas
Entre las empresas, reina la incertidumbre. En muchos casos recibieron cerca del 40% de los fondos comprometidos durante la gestión anterior pero ahora no tienen certezas sobre el resto de los vencimientos que caían en este período. Algunas, a la espera de que se produzcan los desembolsos, continúan pagando seguros de caución que les representa una pérdida en medio de un contexto adverso para la industria.
“El aporte del Estado es una zanahoria para avanzar con la inversión, en nuestro caso no representaba más del 20% del total”, explicó a este medio un industrial damnificado por la cesación de pagos. “Nosotros presentamos las garantías, avanzamos con el proyecto, compramos las máquinas, incluso nos vinieron a inspeccionar y nos dijeron que estaba todo en orden, pero ahora no nos quieren pagar”, dijo.
El empresario que prefirió mantener el anonimato, aseguró que desde la Secretaría que conduce Marcos Ayerra no le atienden el teléfono ni a él, ni a la cámara que representa a su sector. Además, contó que envió una decena de correos electrónicos que también cayeron en saco roto.

¿Y la continuidad del Estado?
Si bien los programas fueron otorgados bajo la gestión anterior, difícilmente se puedan caracterizar como “políticos”. Pasaron por un comité de evaluadores, contaron con varias firmas de distintos despachos y fueron avalados por funcionarios técnicos que hoy continúan trabajando en el equipo económico. El pago de estos aportes no es opcional, es un compromiso del Estado.
“Es normal y habitual que cuando hay un cambio de gestión se demoren los desembolsos porque lógicamente las administraciones nuevas quieren revisar lo que hicieron las anteriores. Cuando asumió Mauricio Macri hubo un retraso pero se pagó y con Alberto Fernández lo mismo. Lo que está ocurriendo ahora, no había pasado nunca”, apuntó un consultor con experiencia en la materia.
Según los expedientes firmados en el año 2023, hay más de 300 empresas perjudicadas. Los sectores son de lo más variado: metalúrgicas, autopartistas, biotecnología, firmas vitivinícolas, textiles, agro, plásticos, cosméticos, entre otros. La cifra adeudada superaría los $20.000 millones a valores del año pasado. Aunque una fuente con despacho en el Ministerio de Economía reconoció que también hay deudas con instituciones como cámaras empresariales y universidades.
Los programas de apoyo a empresas no son una novedad. La Secretaría PyME llevó adelante concursos similares, con auditorías internas y externas hasta el momento no se dió a conocer ningún tipo de irregularidad.