El gobierno nacional decidió adelantar el incremento de la tarifa eléctrica pero omitió publicar esa resolución en el Boletín Oficial. Tampoco informó a las asociaciones de consumidores ni a los propios usuarios. Las distribuidoras, por su parte, tampoco comunicaron a sus usuarios la decisión oficial de cobrar en forma retroactiva el incremento.
La suba de la tarifa eléctrica según estableció y comunicó el Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE) comenzaría el 16 de febrero para los usuarios de nivel medio alto, comercios e industria.

Esa información fue publicada ese 16 de febrero en Boletín Oficial y, según publicó el diario La Nación, la norma establecía que los incrementos se aplicarían a partir de la publicación de la misma. Sin embargo, según el mismo medio, el 11 de marzo el ENRE emitió una comunicación destinada a las distribuidoras EDESUR y EDENOR mediante la cual las instruía a facturar a sus usuarios el incremento de manera retroactiva al primer día de ese mes.
El ENRE envió una nota a las distribuidoras con fecha del 11 de marzo para el cobro retroactivo.
El incremento pautado llegaba hasta el 150% para los usuarios de más altos ingresos (N1) y al 70% para los de ingresos medios y bajos (N2 y N3) que quedarían exentos de subas en el componente de la generación y sólo sufren ajustes en el tramo relativo a la distribución.
Pero el mismo, según la normativa, debía ser aplicado a partir del 16 de febrero y, al tratarse de un servicio público, no puede ser facturado en forma retroactiva.
Sin embargo, según el diario La Nación, el gobierno asegura que, al tratarse de un incremento del componente de generación eléctrica que no resulta un servicio público sino un costo fijo, el ENRE está facultado para realizar ese cobro en forma retroactiva. Con todo, el mismo debió ser informado a los usuarios y consumidores.
A la vez otras empresas de distribución eléctrica del interior del país no fueron notificadas del cambio de fecha en la aplicación del incremento en la generación eléctrica y, por lo tanto, no trasladaron ese costo a la factura de sus usuarios lo que permite prever un conflicto entre distribuidoras, Estado y generadoras para ver quién carga con ese diferencial.