El Gobierno nacional busca imprimirle ritmo a su agenda legislativa para el segundo semestre con una serie de iniciativas económicas que considera prioritarias. Tras el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto para reformar el régimen de Inocencia Fiscal, el oficialismo también prepara el envío de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y trabaja para destrabar en el Senado la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
La intención de La Libertad Avanza es convocar a una sesión especial hacia fines de agosto, aunque el cronograma definitivo aún no fue confirmado. Si los tres proyectos coinciden en el temario, el Congreso afrontará una jornada de debate de alto impacto político y económico.
Uno de los ejes será la reforma del régimen de Inocencia Fiscal, que introduce cambios respecto de la norma aprobada en diciembre pasado. Entre las principales modificaciones, se eliminan los límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen, por lo que todas las personas humanas podrán adherirse, con excepción de los grandes contribuyentes, que quedarán excluidos de los beneficios previstos.
La iniciativa también redefine el concepto de "discrepancia significativa" en las declaraciones impositivas. ARCA solo podrá objetar una presentación cuando la diferencia detectada supere determinados parámetros establecidos por la ley. Además, los contribuyentes dispondrán de 15 días para corregir la situación, abonar la diferencia y mantener los beneficios del régimen.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos será la posibilidad de que funcionarios y otras personas políticamente expuestas puedan adherirse al sistema. El debate tomó fuerza luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, presentara una Declaración Simplificada de Ganancias mientras enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Desde la oposición ya impulsan proyectos para excluir a funcionarios públicos del régimen, al considerar que quienes administran recursos del Estado deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales. No obstante, en el oficialismo estiman que no habrá cambios en ese aspecto y confían en repetir el respaldo legislativo que obtuvieron durante la aprobación de la ley original.
En paralelo, el presidente Javier Milei presentará en las próximas semanas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo objetivo principal será garantizar la independencia de la entidad monetaria. El proyecto prohibirá expresamente que el BCRA financie de manera directa o indirecta al Tesoro Nacional, eliminando la posibilidad de otorgar adelantos transitorios.
Además, la reforma limitará la misión del Banco Central a preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema vigente desde 2012, que también contemplaba objetivos vinculados al empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera.
Por otra parte, el oficialismo continúa negociando en el Senado la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la flexibilización de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. El tratamiento había quedado postergado por falta de apoyo de bloques aliados, aunque continúan las conversaciones para alcanzar un consenso.
Desde el Gobierno sostienen que este paquete de reformas apunta a fortalecer la estabilidad económica, incentivar el ingreso de dólares al sistema financiero, ampliar el crédito y evitar que futuras administraciones vuelvan a financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria, una práctica que, según la visión oficial, alimentó históricamente los procesos inflacionarios.
