Mientras el Mundial entra en su etapa decisiva, el Gobierno nacional ya pone la mirada en el segundo semestre y en una ambiciosa agenda de reformas que pretende impulsar en el Congreso. Sin embargo, en la Casa Rosada reconocen que la cantidad de proyectos pendientes y las demoras en el tratamiento de la reforma electoral podrían ralentizar el avance legislativo.
Desde el oficialismo aseguran que la transformación del Estado depende, principalmente, de la aprobación de nuevas leyes, por lo que consideran prioritario avanzar con distintas iniciativas antes de que el calendario político complique las negociaciones parlamentarias.

Entre los proyectos con mayor relevancia figuran la reforma electoral, los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, el denominado "shutdown" del Estado, la reforma del Código Penal y un paquete de desregulación impulsado por el Ministerio de Federico Sturzenegger, que incluye medidas para los mercados inmobiliario, de capitales y el régimen de cabotaje.
A esa lista se suman otras iniciativas que ya fueron presentadas, pero todavía no llegaron al recinto, como la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la reforma de la Ley de Salud Mental, la Ley de Sociedades, la regulación del lobby, un proyecto para prevenir la ludopatía y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
Dentro del Gobierno admiten que la acumulación de proyectos ha generado demoras, aunque confían en que el ritmo parlamentario se acelerará en las próximas semanas. No obstante, reconocen que gran parte de esa dinámica dependerá de lo que ocurra con la reforma electoral, considerada una de las principales prioridades de la gestión.

La iniciativa, que incluye la eliminación de las PASO, es impulsada por la Casa Rosada como parte de su estrategia política de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, la resistencia de algunos sectores aliados ha impedido hasta ahora alcanzar los consensos necesarios para su aprobación.
Para intentar destrabar el proyecto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores, mientras que Patricia Bullrich negocia con los distintos bloques del Senado en busca de acuerdos.
En paralelo, el Ejecutivo también sigue de cerca otro desafío legislativo: el tratamiento del Presupuesto nacional, que deberá ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. En la Casa Rosada consideran que ese debate absorberá buena parte de la actividad parlamentaria y podría dificultar el avance del resto de las reformas.
A ello se suma la cercanía del año electoral, un escenario que suele endurecer las negociaciones entre oficialismo y oposición. Por ese motivo, el Gobierno busca acelerar el tratamiento de sus principales proyectos antes de que la agenda política y las disputas presupuestarias compliquen la posibilidad de conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.