El Gobierno nacional avanzó este martes con parte de su agenda parlamentaria y envió a la Cámara de Diputados los proyectos del denominado Súper RIGI y de regulación del lobby, dos iniciativas impulsadas por el oficialismo en medio de las negociaciones políticas y legislativas en el Congreso.
Los proyectos habían sido anunciados días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con otras iniciativas vinculadas a ludopatía y la derogación de la ley de etiquetado frontal, que ya fueron giradas al Senado.


En el caso del llamado Súper RIGI, se trata de un nuevo sistema de promociones fiscales destinado a fomentar grandes inversiones en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico y energético del país.
A diferencia del RIGI vigente, el nuevo esquema incluirá beneficios más amplios para proyectos vinculados a la cadena del litio, la fabricación de baterías, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, el GNL onshore, reactores nucleares pequeños y medianos, producción de paneles solares, turbinas eólicas, vehículos 100% eléctricos y nuevos desarrollos petroquímicos.
Entre los principales incentivos previstos figuran una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada y exenciones de derechos de exportación para los emprendimientos alcanzados.


Por otra parte, el oficialismo también presentó el proyecto de ley de lobby, con el objetivo de transparentar las gestiones de intereses privados ante funcionarios y legisladores nacionales.
La iniciativa contempla la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, donde deberán informar los intereses representados mediante declaraciones juradas y registrar las reuniones mantenidas con funcionarios públicos.
Además, establece incompatibilidades para exfuncionarios que pretendan desempeñarse como gestores de intereses luego de dejar sus cargos, especialmente en áreas donde hayan tenido participación directa.
El proyecto también incluye dentro de las actividades reguladas las gestiones relacionadas con la elaboración, modificación o derogación de leyes, licitaciones públicas, concesiones, subsidios y beneficios fiscales.
Con estas iniciativas, el Gobierno busca reforzar su estrategia legislativa y avanzar con proyectos vinculados a inversiones, desregulación económica y transparencia institucional.