El ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que puso en duda si la licitación por los caños del gasoducto Néstor Kirchner fue diseñada para favorecer al grupo Techint, declara hoy en los tribunales de Comodoro Py bajo juramento de decir la verdad. La justicia dispuso nuevas medidas en la causa.
Kulfas fue citado como testigo por el juez Daniel Rafecas en la causa que se abrió tras el texto difundido en off the record que dejó un manto de sospecha en la licitación. La declaración será presencial en los tribunales de Retiro.
Ese texto sostenía que se estableció un espesor de 33 milímetros para chapa y que, si se hubiera licitado con un espesor de 31 milímetros, habrían podido participar otras empresas, en particular Laminados Industriales.
Esta firma sostuvo en un comunicado que no puede fabricar esos caños. Por otras parte, Paolo Rocca, titular de Techint, negó irregularidades. Afirmó que el pliego fue técnicamente irreprochable, y que no existe otra empresa que no sea Tenaris, de Techint, que pueda producir caños para colocar dos kilómetros por día y así tener el gasoducto antes del invierno de 2023. "No hubo corrupción", dijo claramente Rocca.
El juez Rafecas agrupó tres denuncias existentes en Comodoro Py, citó a Kulfas para el viernes a las 10 y para el lunes a Antonio Pronsato, otro ex funcionario que estaba a cargo de la Unidad Ejecutora de Energía Argentina (IEASA), es decir que manejaba la construcción del gasoducto.
El martes próximo habrá un encuentro en el juzgado de especialistas de cuatro empresas de Vaca Muerta (YPF, Pluspetrol, Tecpetrol y Total Austral) para que ilustren al juez los requerimientos técnicos que consideran imprescindibles para la construcción del gasoducto.
Nueva medida
Este jueves el juez Rafecas dispuso una segunda audiencia oral con expertos para el próximo miércoles 15 de junio a las 10, en la cual serán convocados otros cuatro especialistas, esta vez designados por las empresas TGS y TGN (Transportadora Gas del Norte y del Sur), uno por parte del ENARGAS y otro por parte de la Facultad de Ingeniera de la UBA.
La medida apunta a que la Justicia tenga un mejor acercamiento técnico tanto respecto de las necesidades de volúmenes de transporte de gas como de las exigencias técnicas para concretar dicho transporte mediante un gasoducto.
