El pasado 12 de julio, durante su visita a Sun Valley, Estados Unidos, el presidente Javier Milei tuvo que recurrir a una aeronave privada cuyo costo rondó los 376 mil dólares. Lo mismo sucedió en su viaje a París entre el 25 y 27 de julio, donde utilizó un servicio similar valorado en 343 mil dólares.
Estos gastos fueron necesarios debido a que el avión presidencial, un Boeing 757-256, permanece en tierra desde el 27 de junio, cuando venció la inspección de varias de sus piezas. Este avión, adquirido por la administración de Alberto Fernández por 25 millones de dólares —de los cuales 22 millones se pagaron en efectivo y el resto mediante la entrega del viejo Tango 01— no ha volado en más de tres meses y sigue estacionado en el sector militar de Aeroparque.
Un documento oficial aclara: "El 27 de junio de 2024 se venció la inspección mayor 'C-Check' del avión Boeing 757-256, matrícula ARG-01 de la Flota Aérea Presidencial, quedando desde entonces en condición no aeronavegable".
La inspección "Check-C", que el fabricante impone cada tres años, es fundamental para revisar cada componente de la aeronave. Sin esta revisión, el avión no puede volar. En un intento por resolver la situación, ya se lanzaron dos licitaciones, pero ambas fracasaron. Empresas como “Alpha Aviation Group LLC”, “Xtreme Aviation LLC”, “Servicios Aeronáuticos Quintana” y “Commercial Jet INC” presentaron ofertas, pero fueron desestimadas por motivos técnicos o por no cumplir con los plazos.
En medio de estos contratiempos, la renuncia de Florencia Gastaldi, entonces Directora de Logística, alimentó rumores. Aunque no se aclararon las razones de su salida, se mencionó un posible conflicto con Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar, ahora responsable de la flota presidencial.
A pesar de los obstáculos, en septiembre se lanzó una tercera licitación, con un costo estimado de 700 mil dólares. El 7 de octubre se realizó la apertura de sobres, pero aún no se ha informado públicamente qué empresas participaron.
Mientras el avión continúa en tierra, se le aplica un "Procedimiento para su Preservado Activo", realizado por el personal de mantenimiento regular, lo que según el Gobierno, no genera costos adicionales.
