Luego de cuatro convocatorias consecutivas caídas por falta de quórum, habrá sesión en la Cámara de Diputados. Será para tratar un proyecto que busca legislar las apuestas online para concretar políticas contra la ludopatía, enmarcando a la iniciativa como una propuesta de salud pública federal que trasciende las administraciones provinciales sobre juegos de azar.
Con la presencia de 137 diputados, se habilitó la sesión que, dada los 30 oradores y las cuestiones de privilegio, podría extenderse por 10 horas hasta que se concrete una votación que se insinúa positiva por la asistencia en el recinto de los bloques opositores. El proyecto tiene el acompañamiento de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la UCR y Democracia para Siempre. En contrapartida, el PRO y La Libertad Avanza presentaron un dictamen paralelo que pretende menos restricciones a las publicidades de apuestas online.

Por iniciativa de Paula Penacca (Unión por la Patria), se presentará sobre tablas (necesita mayoría especial) una iniciativa que pretende reconocer económicamente a familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre del 2004, con 194 víctimas mortales y 1432 heridos. En simultáneo, se aprobó la extensión por cuatro años del período para poder concretar la expropiación del recinto donde ocurrió el incendio.
Entre las distintas mociones de privilegio y apartamientos de reglamento, se votó sobre tablas la derogación del DNU 70/2023, que continúa impactando en regímenes de alquileres y tarjetas de crédito. La solicitud de Vanina Biasi (FIT) tuvo 113 acompañamientos y 100 votos en contra, además de 11 abstenciones. Al precisar una mayoría especial, la propuesta no fue concretada.
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Apuestas online: qué dice el proyecto
La propuesta que obtuvo dictamen de mayoría busca prohibir la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar en línea, de ningún tipo, inclusive las realizadas por influencers, famosos del espectáculo, deportistas, instituciones deportivas y cartelería en estadios.
De convertirse en ley, la publicidad de apuestas y juegos de azar online estará permitida únicamente dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas o agencias de lotería. El impacto alcanzaría distintos sectores privados y de la sociedad civil e incluso al fútbol argentino: tanto la Liga Profesional de fútbol como el 28% de los equipos de la primera división cuentan con publicidad de casinos online.
Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, mismo tope que se autoriza a las billeteras virtuales. Se prohíbe el otorgamiento de bonos o vales de captación por parte de las casas de apuestas, así como también el uso de sistemas de crédito y tarjetas de prestaciones de ayuda social.
Otra gran problemática que busca frenar el proyecto es el acceso de menores de edad a estas plataformas. De esta manera, se propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial.

A su vez se exige que las plataformas y sistemas de juego en línea cumplan una serie de requisitos de apuestas responsables que permitan a los consumidores acceder a información cierta sobre las práctica en la que participan, su historial de usuario, el tiempo en línea, mecanismos de autoexclusión, posibilidad de establecer límites y alertas de tiempo y dinero y secciones de ayuda y asistencia.
Otro aspecto clave del proyecto es que busca crear un registro nacional de autoexclusión voluntaria. El mismo servirá para que la persona que considera que tiene problemas con el juego pueda autoexcluirse por hasta 24 meses, y los establecimientos y plataformas online deberán hacer cumplir esta prohibición. El proyecto establece sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados de entre 3 a 10 años de prisión.