La Cámara de Diputados aprobó este jueves un proyecto que autoriza al Gobierno a adquirir las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, y que habilita al Estado Nacional a firmar convenios donde se podrá mantener la jurisdicción de tribunales extranjeros.
De esta manera, el proyecto que fue girado al Senado autoriza a firmar los convenios con éstas cláusulas, ya que en algunos casos es una exigencia de los laboratorios extranjeros para poder vender las vacunas a la Argentina, en medio de una pandemia donde la mayoría de los países buscarán contar con esa herramienta sanitaria.
La iniciativa fue aprobada por 230 votos aportados por el Frente de Todos, la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y el Movimiento Popular Neuquino.
En tanto, los dos diputados de izquierda, el presidente de la UCR Alfredo Cornejo, y otros cinco legisladores de Juntos por el Cambio, lo hicieron en contra; y once legisladores del principal bloque opositor se abstuvieron.
El proyecto impulsado por el diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos) declara de interés público "la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria". Además fija que "se podrá incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19" ciertas especificaciones.
Esas cláusulas permiten la "la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición".
"En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país", precisa el texto aprobado.
También fija que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina.
Otro punto clave es que se estableció que las vacunas deberán ser previamente autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Ministerio de Salud y analizada por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn). También se faculta al Ministerio de Salud a generar cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial.
Otro aspecto es que se va eximir del IVA y de impuestos aduaneros a las vacunas contra la Covid -las vacunas del calendario oficial ya cuentan con esta excepción desde la aprobación de la emergencia sanitaria-.
Yedlin, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Publica, dijo que el proyecto se redactó en sintonía con el Ministerio de Salud porque "se requiere esta ley porque así son los requisitos de la industria farmacéutica" y la Argentina "necesita contar con la vacuna ya que la pandemia y su gravedad no ha disminuido".
"Estamos aquí con una enorme responsabilidad. Estos son los requisitos que la industria farmacéutica impone y es la responsabilidad del Ministerio de Salud de llevar adelante estas contrataciones", apuntó.
Por su parte, el diputado del Frente de Todos y titular de la Corriente Clasista Combativa, Juan Carlos Alderete, dijo que "no son las leyes que nos gustan votar pero estamos en medio de una pandemia y necesitamos la vacuna pero lo que acá se está discutiendo es si le damos las herramientas al Gobierno para adquirir esas vacunas" y le pidió a los que "gobernaron en los últimos cuatro años, no pongan trabas", enfatizó.
