Todo organismo que concentre cierto poder dentro del Estado debería ser supervisado por un ente externo para garantizar su buen desempeño y alertar frente a ciertas situaciones espurias. La Policía de la Ciudad lo tiene, pero de acuerdo a un relevamiento de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), todo indica que en varios aspectos funciona de manera irregular.
En los últimos días, el organismo de control de CABA publicó un informe sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad. La auditoría determinó que hubo debilidades en la planificación, dirección y organización; y alertó sobre varias irregularidades en la realización de sumarios y en la aplicación de sanciones a efectivos policiales, y anomalías en el presupuesto asignado.
Entre otras funciones, la Oficina de Transparencia tiene la capacidad de investigar denuncias sobre acusaciones en las que intervenga personal de la policía porteña. Este organismo es el encargado de tramitar sumarios administrativos y proponer al ministro de Justicia y Seguridad local las sanciones, diseñar estrategias para evitar la corrupción, recibir las declaraciones juradas de los integrantes de la fuerza de seguridad y armar informes sobre el desempeño de los efectivos.
Nada escapa o debería escapar al control de la Oficina de Transparencia de la Policía de la Ciudad, dado que cuenta con acceso irrestricto a toda la documentación, a sistemas informáticos, de comunicación y de imagen, debiendo solicitarla mediante el Ministerio de Justicia y Seguridad. La AGCBA analizó cada una de estas tareas desarrolladas durante el 2019.
La Oficina envió a la Auditoría un listado de 227 expedientes que elevó al titular de la Cartera de Seguridad con pre resolución de sanción. De esos expedientes, 78 tenían pedido de separación de la fuerza, 92 suspensivas, en 4 expedientes la Oficina de Transparencia se declaró incompetente, 51 procedimientos finalizaron por eximición y 2 por clausura, y hubo 5 expedientes bajo reserva de identidad.
El relevamiento detectó que la Oficina archivó 22 expedientes, por considerar que no eran necesarias sanciones disciplinarias yexpidió 870 expedientes a la Policía de la Ciudad por considerar que no se trataba de faltas graves. Entre los expedientes analizados, había un listado de 87 efectivos sumariados con causa penal.
En relación a los casos donde existió perjuicio fiscal y se solicitó el recupero patrimonial respectivo, la Oficina envió un listado de 39 expedientes, pero no informó si la medida fue comunicada a la Dirección General Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. De esta manera violó la normativa existente como establece el decreto 53/17 en su artículo 192.
Otra de las irregularidades detectadas fue el incumplimiento en la realización de sumarios administrativos ante la falta de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales por parte de los efectivos policiales. La auditoría considera que esto es una debilidad en el proceso de control de la transparencia y rendición de cuentas del personal policial.
Irregularidades en el presupuesto de la Policía
Durante 2019 trabajaban 20 hombres y 17 mujeres en la Oficina de Transparencia. La Auditoría descubrió que el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad “no incluyó la totalidad de las partidas necesarias para el desarrollo de las tareas de la Oficina”, al mismo tiempo que “parte de los gastos del área fueron imputados a otros programas presupuestarios, lo que no facilitó el control de los recursos destinados al funcionamiento de la Oficina”.
La Auditoría porteña, además, detectó falta de estabilidad del personal y alertó que esto “no contribuye con su proceso de formación y acumulación de experiencia” y explicó que no hubo similitud con la estabilidad del personal policial sobre el que interviene y que el espacio físico asignado a la Oficina fue insuficiente en relación a la cantidad de personal.
