El fallo recogió parcialmente un planteo de la municipalidad de esa localidad bonaerense, a quien se había dirigido en primer lugar la medida postulada por la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo del fiscal Matías Di Lello, y dos querellas particulares.
Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la intervención del tribunal revisor se produjo tras un recurso de la intendencia, que había cuestionado su competencia para el efectivo ejercicio de poder de policía ambiental por fuera de un radio de 600 metros.
Como la medida cautelar dispuesta por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo fijó un "límite restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas, el municipio apeló esa decisión.
La Cámara compartió ese punto del planteo, y en ese sentido consideró que "al haber fijado límites que claramente exceden la competencia del municipio, tanto el municipio como la provincia de Buenos Aires debieron ser los destinatarios de la medida impuesta por el juez a-quo [de primera instancia], en virtud de sus facultades concurrentes en lo que respecta al poder de policía en esta materia".
En ese sentido, también reparó en que "en materia de aplicaciones aéreas la única administración responsable es el estado provincial".
"El daño detectado puede ser reversible, si se elimina o disminuye el agente que lo causa, y por lo tanto descenderá el riesgo a desarrollar enfermedades", se indicó en el fallo.
La nueva resolución también valoró un informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que dio cuenta de la reducción de moléculas de sustancias de plaguicidas en muestras de agua de Pergamino.
En el proceso penal que se lleva adelante, se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos -24.051- y envenenamiento de aguas potables.
En agosto del año pasado, el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás había compartido los argumentos de la Fiscalía y las querellas y prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas.
Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables.
En cuanto a las responsabilidades penales, hay tres productores rurales procesados desde octubre de 2019 por presunta infracción a la Ley 24.051; además la Fiscalía impulsó, oportunamente, la investigación concerniente "a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos municipales, en orden al control y cumplimiento de las normas vinculadas a la aplicación de pesticidas en el Partido de Pergamino".