La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de obtener una medida cautelar que suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le fue impuesta en la causa Vialidad. La presentación sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El escrito fue elaborado por los abogados Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Rafael Valim, quien representó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ante organismos internacionales; y Carlos Beraldi, defensor de la exmandataria. Entre los argumentos planteados figuran presuntas irregularidades en el juicio, como la supuesta falta de imparcialidad de algunos magistrados, limitaciones en los peritajes y la incorporación tardía de determinadas pruebas.

La presentación abrió un debate sobre las posibles consecuencias jurídicas que podría tener una eventual resolución favorable del organismo internacional. En Argentina no existen antecedentes de un caso similar y, de prosperar el planteo, la revisión de la condena debería tramitarse ante la Cámara Federal de Casación Penal y, posteriormente, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Consultado sobre el tema, el abogado constitucionalista Mariano Bär explicó que la estrategia apunta a la aplicación del artículo 366, inciso F, del Código Procesal Penal Federal, que contempla la posibilidad de revisar una sentencia firme cuando existe una resolución de un organismo internacional sobre una petición particular.
Según el especialista, si el Comité de Derechos Humanos emitiera una resolución favorable y ello habilitara la revisión de la condena, la sentencia dejaría de estar firme mientras dure ese proceso. En ese escenario, también podría quedar en discusión la inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque aclaró que ello no implica automáticamente que la Justicia deba adoptar todas las recomendaciones del organismo internacional.


En ese contexto surgieron especulaciones sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner en las elecciones de 2027. Sin embargo, Bär remarcó que, para que esa posibilidad pudiera analizarse, primero debería existir una resolución favorable antes del cierre de listas y luego definirse el alcance jurídico de esa decisión. Además, señaló que actualmente la exmandataria permanece inhabilitada para ejercer cargos públicos y no integra el padrón electoral en virtud de la condena firme que pesa sobre ella.