Pese a los gestos de acercamiento entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast, las relaciones entre la Argentina y Chile atraviesan un nuevo foco de tensión por la cuestión Malvinas y la apertura de una ruta comercial marítima hacia las islas.
El episodio más reciente está relacionado con el buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, cuya primera navegación está prevista para noviembre con el objetivo de abastecer a los habitantes de las Islas Malvinas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino.
Según informó la empresa, la embarcación navegará por el Estrecho de Magallanes, bajo soberanía chilena, y no por el Mar de Drake. La iniciativa generó preocupación en sectores de inteligencia de Chile, que advirtieron sobre un posible escenario crítico si fuerzas argentinas intentaran interceptar el barco una vez que abandone el estrecho. No obstante, hasta el momento no existe un anuncio oficial del Gobierno argentino sobre una medida de ese tipo.
La situación se produce semanas después del encuentro entre Milei y Kast en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile. En esa reunión, el Gobierno argentino destacó el respaldo chileno al reclamo de soberanía sobre Malvinas. Sin embargo, la posibilidad de restablecer la conexión comercial con las islas volvió a poner de manifiesto las diferencias entre ambos países.
Uno de los instrumentos legales que podría entrar en la discusión es el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que establece la necesidad de contar con autorización previa para determinados servicios de transporte marítimo entre el territorio continental argentino y las islas, así como para navegar por aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.
Sin embargo, especialistas en derecho marítimo consultados por medios nacionales advirtieron que interceptar un buque mercante que navega legalmente no tendría sustento jurídico. Los tratados internacionales garantizan distintos regímenes de navegación y contemplan inspecciones en circunstancias específicas, pero no habilitan una detención arbitraria por motivos políticos.
En la misma línea, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, sostuvo que la navegación de un barco que sale del Estrecho de Magallanes no puede ser restringida ni condicionada por otro país. También señaló que una inspección debe estar respaldada por indicios concretos de actividades ilícitas y ajustarse al derecho internacional.
Desde el Gobierno argentino, en tanto, fuentes consultadas por la prensa descartaron que exista un conflicto inminente. La posición oficial apunta a monitorear la situación y sostener el reclamo de soberanía sobre las islas, en un contexto en el que la administración de Milei también intensificó sus acciones contra la explotación de hidrocarburos impulsada por empresas vinculadas al proyecto Sea Lion.
En paralelo, un grupo de legisladores argentinos envió una carta a los gobiernos de Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay para pedir que impidan que sus puertos, aeropuertos e infraestructura sean utilizados para facilitar las operaciones de empresas que exploren o exploten recursos naturales en las Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.
La presentación, firmada por más de una docena de senadores y diputados, entre ellos Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi y Eduardo “Wado” de Pedro, invoca resoluciones de las Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
El documento sostiene que los países de la región no deberían convertirse en plataformas logísticas de actividades que, según los legisladores, contribuyan a consolidar una situación colonial en el Atlántico Sur.
Las diferencias también tienen antecedentes relacionados con el Estrecho de Magallanes. En 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, una directiva de política de defensa generó cuestionamientos de Chile por referencias al control y seguimiento de ese espacio marítimo. La controversia volvió a aparecer este año tras declaraciones de funcionarios argentinos y planteos vinculados con los objetivos estratégicos nacionales.
En agosto, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, realizó declaraciones sobre la soberanía en el extremo sur que motivaron una protesta diplomática chilena. Posteriormente, autoridades argentinas ratificaron que el Estrecho de Magallanes se encuentra bajo soberanía de Chile.
La tensión se suma a la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas próximas a las Malvinas. La Argentina cuestiona esas actividades por considerar que avanzan sobre recursos de su plataforma continental sin autorización.
En ese marco, el Gobierno argentino anunció que avanzaría con un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para cuestionar la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.
Pese a las diferencias, las autoridades militares de ambos países mantienen canales de cooperación. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, Marcelo Dalle Nogare, destacó recientemente los vínculos entre las armadas, en particular la coordinación para el seguimiento de flotas pesqueras extranjeras y el desarrollo de la Patrulla Antártica Naval Combinada.
Así, mientras la Argentina busca reforzar su reclamo sobre Malvinas y limitar el respaldo logístico a las actividades petroleras británicas, la futura navegación del Danstar vuelve a poner a prueba la relación bilateral y el alcance de los compromisos internacionales sobre libre navegación.
