La aberrante historia tuvo lugar en la localidad cordobesa de Corral de Bustos. En medio de un procedimiento de rutina que realizaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se puso en marcha un veloz operativo para rescatar a una mujer de nacionalidad boliviana de 23 años que fue víctima de trata laboral durante seis meses. También hubo un detenido: el tío de la joven, quien la había traído desde su país natal, adueñándose de sus documentos e impidiendo que saliera a la calle.
Personal especializado de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DG SESO) de AFIP estaba llevando adelante un relevamiento del personal el martes pasado en un local de ropa en el que trabajaban dos empleadas. Durante el procedimiento, los profesionales advirtieron que una de ellas estaba nerviosa, que intentaba evadir las preguntas y no encontraba su documentación, según informaron fuentes del caso a Infobae.
Fue en ese momento cuando levantaron sospechas y actuaron en consecuencia: pausaron el relevamiento y, rápidamente, dieron aviso al departamento de Coordinación Contra el Trabajo Ilegal -también perteneciente a la AFIP-. De este modo, se comenzó con el operativo para dilucidar el caso.
Se trató de un trabajo en conjunto que abarcó operaciones desde Corral de Bustos -la localidad perteneciente al departamento de Marcos Juárez, en la que viven 12 mil habitantes y donde se detectó el caso-, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Cuarto, Villa María, Bell Ville y Córdoba capital. Las distintas áreas involucradas, asentadas en diferentes puntos del país, actuaron de forma mancomunada en este procedimiento que derivó en un rescate y una detención.
De acuerdo a lo que pudo saber este medio, algo que llamó la atención de los miembros de AFIP fue que en el local había una cámara que apuntaba “en todo momento el puesto de trabajo” de la mujer.
Una vez que el personal de fiscalización se retiró del lugar, casi de inmediato, la segunda de las empleadas se comunicó para revelar la verdad: se trataba de una joven de 23 años que había sido traída desde Bolivia, su país de origen, hacía seis meses; y que no se había animado a declarar por miedo.
El autor de esta macabra trama había sido su propio tío, quien se habría adueñado de sus documentos -que después de un período, se vencieron-, y que no la habría dejado salir más de una vez en seis meses. Es más, habría amenazado a la víctima para que no contara nada de lo que sucedía. “El explotador, el victimario, era el tío”, ratificaron desde la AFIP.
Además, el victimario le habría prometido infinitas veces a su sobrina viajar hasta Rosario para renovar sus documentos y regresar a su país. Sin embargo, esto jamás habría sucedido. A esto se suma el hecho de que la víctima era obligada a trabajar de lunes a lunes, sin un solo día de descanso.
El miércoles, al día siguiente desde que se descubrió esta historia, el Departamento Contra el Trabajo Ilegal realizó la denuncia correspondiente ante la Oficina de Rescate. Posteriormente, se puso en contacto con Gendarmería Nacional para articular el operativo.
En la causa intervino el Juzgado Federal de Bell Ville. Para ese momento, el fiscal ya había resuelto la medida para avanzar con el caso: un allanamiento en el comercio con fecha prevista para el jueves pasado. Es decir, todo el operativo para liberar a la joven y atrapar al presunto responsable duró, en total, tres días.
El medio local Villa María Vivo afirmó que durante el procedimiento se incautaron más de un millón de pesos en efectivo, computadoras, celulares y documentación.
Según arrojaron fuentes consultadas por este medio, desde la Ciudad de Buenos Aires se analizó la forma de acceder a la víctima para que pudiera contar su versión, ya que estaba “muy cerrada” producto de las amenazas que recibía por parte de su tío, lo que había generado mucho miedo. En este sentido, una vez que lograron escuchar a la joven, pudieron saber que había viajado con su tío por un paso fronterizo desde Bolivia y confirmaron que, desde ese entonces, solo había salido a la calle una vez.
Finalmente, la víctima decidió “acogerse al rescate”. Asimismo, fue trasladada al Polo Integral de la Mujer, en la ciudad de Córdoba, para recibir contención psicológica y la ayuda necesaria para poder retornar a su país natal.
Por su parte, el juez federal subrogante Carlos Arturo Ochoa fue quien ordenó arrestar al sospechoso por presuntos delitos vinculados a la trata de personas.
Para aquellas potenciales víctimas, la AFIP pone a disposición distintas formas de comunicación. Quienes denuncien pueden hacerlo de forma anónima. En este sentido, quienes estén en una situación de peligro, pueden contactarse vía telefónica al 0800-999-3368 (opción 3), o vía mail escribiendo a [email protected].
