El Senado de la Nación rechazó por amplia mayoría el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en Bahía Blanca y alrededores, tras el devastador temporal que afectó a la región. Con 51 votos afirmativos, la Cámara Alta dejó sin efecto el primer veto del presidente Javier Milei y restituyó la vigencia de la norma, que había sido aprobada por unanimidad en marzo.

El proyecto, que ya contaba con 230 votos positivos en Diputados, contempla medidas de asistencia económica, impositiva y social por 90 días, coordinadas entre Nación, Provincia y Municipio.

Qué establece la ley de emergencia para Bahía Blanca
La norma declara la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca y zonas aledañas afectadas por el temporal. Entre sus puntos principales, contempla:
Asignación de una partida extraordinaria para reconstrucción de infraestructura, servicios sanitarios, escuelas y viviendas.
Coordinación de acciones entre Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Intendencia local.
Suspensión por 90 días de juicios y procesos administrativos de cobro, para dar alivio a familias y productores.
Facultad al Ejecutivo para aplicar regímenes especiales impositivos, con exenciones y prórrogas a través de ARCA y ANSES.
Estas medidas buscan aliviar la carga fiscal, reactivar la economía local y atender urgencias básicas tras el fenómeno climático.
Por qué Milei había vetado la ley
El veto fue publicado el 24 de junio en el Boletín Oficial. En los considerandos, el presidente Javier Milei argumentó que el Gobierno ya había enviado los $200.000 millones previstos por la norma, por lo que consideró innecesaria su aplicación.
Sin embargo, la oposición cuestionó esa afirmación y denunció falta de transparencia y asistencia efectiva. Además, le reclamaron al Ejecutivo la reactivación de obras públicas paralizadas y mayor presencia en las zonas afectadas.
Tanto en Diputados como en el Senado, el proyecto recibió respaldo transversal de todas las bancadas: peronismo, radicalismo, bloques provinciales y legisladores del PRO.
Qué pasa ahora: la ley queda vigente
Con el rechazo del veto, la ley vuelve a tener plena vigencia. El Poder Ejecutivo está ahora obligado a cumplir con las disposiciones establecidas, salvo que decida avanzar con una judicialización, algo que por el momento no se confirmó.
Esto implica que las medidas de asistencia deben implementarse, tanto en el plano económico como habitacional y fiscal, beneficiando a miles de familias damnificadas por el temporal.