La sentencia recayó sobre un sujeto identificado con las iniciales J. M. P., a quien los jueces Héctor Candioti, José Luis García Troiano y Luis Silva condenaron en el marco de un juicio abreviado.
La fiscal Alejandra Del Río Ayala dijo que por las pruebas colectadas en la investigación el imputado "terminó por reconocer su responsabilidad penal".
"En su resolución, los jueces sostuvieron que quedaron acreditadas, con el grado de certeza que un pronunciamiento condenatorio requiere, la existencia de los hechos tal como los planteamos desde la Fiscalía", indicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
"Entre 2017 y 2019, J. M. P. atacó sexualmente a la víctima", añadió la fiscal, quien dijo que "al momento de sufrir los ilícitos, el niño cursaba sus estudios primarios".
Del Río Ayala relató que en las audiencias que se realizaron en el marco de la investigación "el condenado le decía a la víctima que si contaba algo de lo sucedido, lo encerraría en un sótano oscuro que hay en el Hogar Casa Cuna".
"Estamos ante ilícitos que tienen entidad suficiente para interferir el libre y normal desarrollo de la sexualidad del niño", sostuvo la fiscal.
Argumentó que el imputado "cometió los ataques sexuales aprovechándose del rol de cuidador que cumplía y a pesar de que sabía que la víctima había sido institucionalizada a raíz de que ya había sufrido una grave vulneración de sus derechos".
La condena fue como autor de abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción a la corrupción de menores, en ambos casos calificados porque fueron cometidos en el hogar en el que el condenado era el cuidador de la víctima y estaba a cargo de su guarda.
Además de la pena de 12 años de prisión, la resolución del tribunal le impuso inhabilitación absoluta y ordenó la realización de los exámenes tendientes a lograr su identificación genética y su inscripción, una vez que esté firme la sentencia, en el registro de agresores sexuales.