Unos 133 perros, en su mayoría de la raza Chiguagua, fueron encontrados esta mañana "en condiciones deplorables" en un criadero ilegal dentro de una vivienda del barrio porteño de Villa Crespo. Una mujer fue detenida y quedó imputada por actos de maltrato y crueldad animal.
Los animales estaban enjaulados y en estado de hacinamiento en un domicilio particular en la avenida Juan B. Justo al 3000, por lo que la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la clausura del lugar.


El caso se inició tras una denuncia de los vecinos del lugar por olores y ruidos provocados por la acumulación de animales, por lo que el área de fauna y ambiente del Cuerpo de Investigaciones Judiciales realizó tareas de investigación, delegadas por la fiscalía.
Así, se pudo comprobar que el lugar funcionaba como un criadero y que los animales se ofrecían a la venta por redes sociales y plataformas virtuales por valores que oscilaban los $80.000 y $360.000.

Los veterinarios constataron que los perros en algunos casos estaban inmóviles y bajos de pesos, y en su totalidad se encontraban hacinados, en espacio reducidos , en muchos casos enjaulados y sin las mínimas condiciones higiénico sanitarias, lo que generaban los olores y ladridos que trascendían a las fincas linderas.

Tras el procedimiento, se dispuso la detención de una mujer mayor de edad responsable de la explotación comercial del criadero ilegal, siendo imputada por la Fiscalía por “actos de maltrato” y “actos de crueldad animal”, ordenándose la clausura judicial del lugar.
Por su parte los 133 perros fueron rescatados del lugar por expresa indicaciones de los veterinarios, y fueron recibidos por tres ONG especializadas en el rescate de animales víctima de estas maniobras para su recuperación, análisis caso por caso para descartar enfermedades propias de los animales y zoonóticas, y dar inicio a procesos de adopción responsables.

Cabe recordar que la comercialización de animales domésticos se encuentra estrictamente regulada en el ámbito local, debiendo hacerse en locales expresamente habilitados con el expendio con una certificación médico veterinaria de un profesional matriculado, que asegure el estado sanitario para evitar la trascendencia de enfermedades zoonóticas, lo que no se verificó en el caso concreto.
El procedimiento fue coordinado por el CIJ y realizada por la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos y la División Canes de la Policía de la Ciudad, y contó con la presencia de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y de la Gerencia Operativa de Sanidad Animal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.