El fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 el decomiso del departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente su condena bajo arresto domiciliario por la causa Vialidad.
El pedido forma parte de una nueva etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el monto fijado por la Justicia como perjuicio económico al Estado, estimado en más de $685.000 millones.


Según el dictamen fiscal, el inmueble estaría vinculado al entramado patrimonial investigado en la causa y debería incorporarse al decomiso junto a otros bienes para avanzar en la ejecución patrimonial de los condenados.
Además del departamento de Constitución, la presentación incluye 141 inmuebles, 46 automotores y distintos bienes financieros. Entre ellos aparecen más de 4,6 millones de dólares en una caja de seguridad atribuida a Florencia Kirchner y otros fondos depositados en cuentas bancarias.
También fueron incorporados activos emblemáticos como el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea de El Chaltén, propiedades en Santa Cruz y el chalet de la costanera de Río Gallegos, todos vinculados a la investigación por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.


En su planteo, Luciani sostuvo que los condenados “no han depositado ni un solo peso” del monto reclamado por la Justicia, lo que habilita avanzar sobre sus bienes. Además, remarcó que el patrimonio detectado refleja “fortunas desproporcionadas” en relación con los ingresos declarados.
Ahora será el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el que deberá resolver si incorpora estos nuevos activos al proceso de decomiso. Mientras tanto, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner continúa presentando recursos para intentar frenar la ejecución patrimonial.