La causa por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto, tomó un giro inesperado. A pesar de que, en un proceso normal, los 18 años transcurridos llevaron a la prescripción del caso, el fiscal Pablo Jávega no comparte esa visión y dictaminó que el crimen no prescribió.
Esto contradice la situación anterior, en la que se consideraba que el tiempo había beneficiado al parquetista Roberto Bárzola. Ahora, el juez de control, Diego Ortiz, deberá decidir sobre la propuesta del fiscal, quien es el sexto investigador que maneja desde entonces la causa.
Jávega logró identificar al dueño de un perfil genético que permaneció sin identificar hasta el momento y que señala a Bárzola, quien se presentó a trabajar en la casa aquel sábado lluvioso en el que ocurrió el crimen de Nora, sin ser convocado a prestar sus servicios.
El fiscal argumentó que, a pesar del tiempo transcurrido, el crimen no está prescripto. En este sentido, elevó su planteo al juez Ortiz, solicitando que se mantenga la vigencia de la acción penal. La situación reabrió el caso y renovó la esperanza de justicia para la familia Macarrón.
En diálogo con Cadena 3, Jávega aseguró que existen pruebas contundentes que señalan la participación de un sospechoso en la escena del crimen y contó avances en la causa, incluyendo el hallazgo de ADN y un vello púbico que vinculan a una persona que trabajaba en la casa de la víctima.
Jávega explicó que los análisis genéticos, obtenidos a fines del año pasado, motivaron la imputación del sospechoso Roberto Bárzola, bajo el artículo 80 del Código Procesal Penal, por el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, tipificado en el artículo 124 del Código Penal.
Sin embargo, la defensa de Bárzola solicitó el cierre de la causa y argumentó que la acción penal se extinguió por prescripción debido al paso del tiempo. Jávega rechazó esta postura y dijo que el plazo no se cumplió, basándose en un análisis exhaustivo de las particularidades del caso.
Según el fiscal, el Código Penal contempla causales de interrupción y suspensión que afectan el cómputo del tiempo.
En este caso, afirmó que se aplicaría una suspensión del plazo debido a una circunstancia excepcional: los herederos de Nora Dalmasso, quienes inicialmente se constituyeron como querellantes, no pudieron ejercer plenamente ese rol porque algunos de ellos, como Marcelo y Facundo Macarrón, fueron imputados en el proceso.
"Una misma persona no puede ser querellante y sospechosa al mismo tiempo. Mientras ellos estuvieron bajo imputación, no pudieron representar los derechos de la víctima, lo que generó una paralización del conteo del plazo de prescripción", explicó Jávega.
Este período se extendería desde que los familiares fueron señalados como sospechosos hasta su desvinculación. En el caso de Facundo, mediante un sobreseimiento y, en el caso de Marcelo, con una absolución en juicio. "Esa es la opinión del Ministerio Público Fiscal, aunque no es vinculante; será el juez de control quien resuelva", aclaró.
El fiscal reconoció que no existen antecedentes exactos en el país de una suspensión de prescripción por esta razón, pero insistió en que las "notas muy particulares" del caso justifican esta interpretación. "Hicimos un esfuerzo por encontrar coherencia en el sistema legal, evitando caer en una declaración de inconstitucionalidad, como sugieren algunos querellantes", señaló, en referencia a planteos que cuestionan la normativa penal por no contemplar explícitamente situaciones como esta.
Jávega también reconstruyó la hipótesis actual del crimen: el sospechoso estuvo en la casa días antes del hecho y habría aprovechado su conocimiento del lugar para perpetrar una agresión sexual no consentida, seguida del asesinato mediante asfixia con un cinto.
Esta versión difiere de la hipótesis inicial, que apuntaba a un acto sexual consentido con alguien cercano a la víctima. "El cotejo de lesiones, el dictamen de autopsia y la dinámica de la escena reflejan una agresión sexual seguida de muerte", afirmó.
Consultado sobre la demora de 18 años en identificar al sospechoso, Jávega admitió la complejidad del proceso. "Cuando recibimos la causa hace dos años, tras la absolución de Marcelo Macarrón, hicimos una revisión completa con un equipo interdisciplinario. Uno de los vectores que fructificó fue el análisis de los aportantes genéticos presentes en el domicilio", explicó, aunque evitó especular sobre decisiones previas de la investigación.
La resolución sobre la prescripción quedará ahora en manos de un juez, en un capítulo más de una de las causas más resonantes de las crónicas policiales del país.
