El procedimiento ocurrió el jueves por la noche en un edificio ubicado al lado de la vieja Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy. La investigación comenzó luego de una denuncia por grooming en diciembre de 2023 realizada por una mujer que encontró conversaciones con contenido sexual en el celular de su hija.
En ese contexto, el juez autorizó los allanamientos y ordenó que los fiscales del Ministerio Público de la Acusación participen de los mismos junto con personal de la Policía provincial en busca de evidencia que sea útil para el caso.

De esta manera, el martes se realizaron varios procedimientos y se detuvieron a seis personas. Sin embargo, el trabajo de la Justicia no terminó allí. El jueves continuaron con las inspecciones y allí arrestaron a otros ocho sospechosos, entre quienes estaba el titular del hotel ubicado a metros de la vieja terminal.
Las víctimas rescatadas son nenas y adolescentes que eran captadas a través de las redes sociales. “En este hotel se encontró en el momento del allanamiento a ocho personas mayores de edad manteniendo relaciones sexuales con niñas menores de edad”, precisó Rodrigo Fernández Ríos, fiscal especializado en ciberdelitos, a un medio local.
Los detenidos están imputados por los delitos de corrupción de menores, promoción de la prostitución y abuso sexual, incluyendo la producción y distribución de material de abuso sexual de menores.
El fiscal regional, Walter Rondón, sostuvo que “también se amplió la acusación y se investiga una asociación ilícita”. “Vamos a ampliar la imputación y avanzaremos en la causa a través de la extracción de datos de los elementos secuestrados”, agregó.
Sobre los hechos que están siendo investigados, se cree que llevan un largo tiempo cometiéndose en el lugar y no solo allí, sino que habría personas involucradas de distintos puntos de la provincia.
Desde el Ministerio Público de la Acusación buscan a otras personas implicadas en los aberrantes hechos, al tiempo que ordenaron la protección integral de las víctimas. “Lo primero es hacer cesar las consecuencias del delito y su producción. Luego, la asistencia psicológica y jurídica para las víctimas y los familiares”, concluyó Rondón.