La AFIP –con la firma de su titular Mercedes Marcó del Pont- presentó ante el Tribunal Oral Federal N°3 y ante el juez Julián Ercolini el desistimiento a avanzar en la acusación en el marco del juicio Oil Combustibles y en toda la causa iniciada en 2016, a raíz de las graves irregularidades detectadas en todos los procedimientos internos que realizó el organismo desde marzo de 2016, durante la gestión de Alberto Abad. El organismo recaudador tomó esa decisión un día antes de su turno para alegar en el tramo final del debate y fundamentó su salida –que deja virtualmente pulverizada la versión difundida sobre la deuda de $8 mil millones por impuesto ITC- en el hallazgo de hechos de “corrupción administrativa” por parte de la plana mayor de AFIP que intervino en el armado del expediente.

La actual titular de AFIP instruyó el fin de la querella basada en la evidencia interna (auditorías y sumarios disciplinarios) y externa (denuncias administrativas y requerimientos judiciales, como los que investiga la jueza María Servini) “que dan cuenta de graves hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder”. Concluyeron que existió un proceso de “persecución y hostigamiento” contra el Grupo Indalo inédito en la historia del organismo. “La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostuvo el desistimiento del organismo como querellante en la Causa CPF N°4943/2016. Con ello también desistió de la demanda civil que había encabezado el abogado contratado por el organismo durante la gestión Macri, Ricardo Gil Lavedra. Pretendía demandar por “daño moral” al organismo a quienes habían sido imputados, los accionistas de Oil Cristóbal López y Fabián De Sousa y el exadministrador Ricardo Echegaray.


La Subdirección General de Auditoría Interna fue protagonista de los hallazgos, que permitieron identificar, entre otros delitos, la designación para actuar en procedimientos de funcionarios distintos de aquellos que resultaban competentes ; la actuación en causas judiciales sin representación institucional o por parte de funcionarios no autorizados ; la creación de unidades de estructura con funciones superpuestas (que suplantaban las vías procedimentales); la creación de una herramienta sistémica para monitorear la situación de grupos económicos específicos (Indalo). Y además, “cuantiosos accesos indebidos a las bases de datos del organismo”, lo que podría haber derivado en la filtración y manipulación de información bajo secreto fiscal.
El desistimiento de la querella advierte de manera taxativa sobre “el papel que habrían desempeñado en estos hechos ciertos funcionarios que formaron parte de la conducción política de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri”.
“El desistimiento de la querella en la causa constituye una decisión de responsabilidad institucional de las autoridades políticas de la AFIP al no legitimar la persecución, el hostigamiento y las arbitrariedades acontecidas durante el gobierno anterior, que fueron identificadas y documentadas desde diciembre de 2019”, indicó además la AFIP en el escrito presentado. Allí señaló también que se buscaba el “saneamiento” del organismo luego de haberse garantizado el pago de los impuestos adeudados por la empresa que levantó su quiebra a través de un avenimiento en el que garantizó el pago de todas sus deudas al 100% de sus acreedores, incluyendo a la AFIP.
Mañana era el turno fijado por el TOF 3 para que la querella de AFIP alegue. Se remitirán al escrito pero si loe jueces ordenan que hagan uso de la palabra, reiterarán las anomalías detectadas a lo largo de ese juicio y también los motivos que fundamentó Marcó del Pont. Este giro en el debate, a semanas de culminar el juicio, deja prácticamente sepultada la acusación.