Un operativo policial se desplegó este miércoles poco después de las 6 cuando activistas de Greenpeace se treparon al monumento ubicado frente al Congreso Nacional para protestar contra la reforma de la Ley de Glaciares, que se tratará hoy a las 15 en la Cámara de Diputados.
Son nueve las personas que atravesaron las rejas de la plaza para treparse de la escultura. Dos de ellas se colgaron con un arnés e instalaron un cartel de Greenpeace que dice: “Diputados, no traicionen a los argentinos”.
Según se pudo saber, primero fueron identificados siete de los activistas y se solicitó a los Bomberos colaboración para identificar a los otros dos, que estuvieron más tiempo trepados a la escultura.
Las nueve personas fueron detenidas por orden de la Fiscalía, confirmaron fuentes oficiales.
Por otra parte, otros activistas se sentaron delante de las rejas con ropa naranja y exhibieron un cartel con el mensaje “La ley de Glaciares no se toca”.
Cambios en la ley
Las modificaciones que introdujo el gobierno de Javier Milei apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.
En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, por lo que se limitará la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de la comunidad científica.
Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía —como autoridad de aplicación— defina esos conflictos, una precisión que busca evitar planteos de inconstitucionalidad.
El gobierno nacional y las provincias mineras esperan que, una vez aprobada esta reforma, se destraben alrededor de US$20.000 millones en inversiones.
