Del mismo modo, el concejal solicitó que se efectúen allanamientos de manera urgente en el IDUV y el Registro Único de Proveedores para el secuestro de documentación útil para la causa.

El concejal de la CC – ARI, prof. Pedro Muñoz, bajo el patrocinio letrado del Dr. José Luis Janezak, presentó esta mañana una denuncia penal en el Fiscalía de Río Gallegos, en contra los presidentes del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda: Pablo Grasso, Roberto Andrino, arq. Daniel Copertari y María Grasso, por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.

Asimismo solicitó formalmente que se efectúen de manera urgente allanamientos a las oficinas del IDUV y al Registro Único de Proveedores para proceder al secuestro los expedientes, legajos, actas de inspección, notas, como así también toda aquella documentación en soporte papel y/o digital que pudiera servir como evidencia y resultar útil para la causa que se investiga.

Vale destacar que la denuncia surge a partir de haberse detectado una serie de irregularidades gravísimas en lo que respecta a documentación incompleta correspondiente a procesos licitatorios, viviendas que no se terminaron de construir, entregas inconclusas de planes de viviendas, pagos anticipados a empresas adjudicatarias habiendo faltado los controles correspondientes en lo que respecta al avance de las obras, demoras e incumplimientos de contratos, tiempos de construcción insólitamente extensos y por fuera del promedio regular, entre otros puntos.

En este sentido Muñoz advirtió: “Hemos encontrado adjudicaciones a empresas insolventes y la consecuente tercerización de obras mediante subcontratación de empresas satélites. Tal es el caso de las numerosas obras adjudicadas a la empresa CARRIZO STELLA MARIS/Empresa Strella Construcciones, pese a encontrarse la misma en concurso preventivo de acreedores (es decir; legalmente declarada en quiebra) beneficiando casualmente de este modo siempre a la misma empresa incumplidora”.

“Adjuntamos todas las pruebas correspondientes y esperamos que la Justicia actúe a la altura de las circunstancias. En caso de comprobarse los delitos anteriormente mencionados podrían caber penas que abarcan desde la inhabilitación temporal o perpetua a funcionarios públicos, multas y/o hasta 6 años de prisión”, concluyó.

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