Tras las críticas y repercusiones en medios nacionales por el controversial sorteo, los ediles de la oposición también iniciaron acciones legales de carácter penal que podrían complicar al intendente.

Esta mañana el concejal, prof. Pedro Muñoz (CC –ARI), y sus pares de la UCR, prof. Leonardo Roquel y abog. Daniela D’Amico, en conjunto con el abogado patrocinante, Dr. José Luis Janezak, denunciaron penalmente al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y peculado de trabajo o servicios, en lo que respecta puntualmente al concurso impulsado desde el Municipio que ofrece un pasaje ida y vuelta para viajar al Mundial que se realizará el mes de noviembre en Qatar, incluyendo entradas a los tres primeros partidos que disputará la Selección Argentina, traslados y media pensión para el/la ganador/a.

En este sentido Muñoz repudió uno de los requisitos del sorteo, que consiste en sacarse una “selfie” o foto con alguno de los funcionarios municipales, empresarios y personalidades destacadas afines a la actual gestión. Entre ellos la secretaria de Producción, Comercio e Industria de Río Gallegos, Moira Lanesan Sancho, el diputado por pueblo Eloy Echazú, el ex gobernador Daniel Peralta, etcétera.

En este sentido advirtió que “este mecanismo podría encuadrarse legalmente como propaganda partidaria para promover la figura del intendente que en varias oportunidades manifestó públicamente su intención de ser candidato a gobernador en el 2023”.

Además cuestionó las explicaciones que dio el intendente a medios locales en cuanto a la financiación de los gastos que implican semejante premio, aludiendo que en un 80% fueron aportados por empresas privadas, mientras que el 20% restante sería saldado con fondos públicos, “lo cual constituye un grave delito en perjuicio de las arcas municipales. En este sentido también debo señalar que aún no hemos tenido acceso a ningún expediente o rendición referidos a eventos anteriores como el del 136°aniversario de la ciudad, ni de la obra pública, práctica que es constante en esta gestión respecto a transparentar los números", apuntó.
“Las penas por los delitos anteriormente mencionados podrían abarcar desde la inhabilitación de un mes a tres años, multas o incluso de dos a diez años de prisión, en caso de comprobarse los mismos”, finalizó.