YouTube, que suspendió el canal del ahora expresidente tras el violento asalto al Capitolio el 6 de enero, anunció hace una semana que prolongaba esta medida durante siete días.
La plataforma estadounidense, propiedad de Google, había sido criticada por la lentitud de su respuesta, frente a las medidas más radicales de otras redes sociales.
YouTube simplemente suspendió la difusión de nuevos videos en la cuenta oficial del exmandatario.
"Dada la preocupación sobre los todavía posibles actos de violencia, la cuenta de Donald J. Trump seguirá suspendida", declaró una vocera de la plataforma al medio Politico.
La decisión se suma a la de la red social Snapchat, que la semana pasada resolvió convertir en definitiva la suspensión provisoria de la cuenta de Trump.
Antes, Facebook había suspendido no solo la cuenta del exmandatario sino también aquellas que difundieran contenido relacionado que pudiera incitar a la violencia antes de la toma del poder por parte de Joe Biden.
Twitter, la plataforma favorita del republicano, también lo suspendió de manera definitiva, al igual que otras redes sociales como Twitch.
Por otro lado, YouTube, confirmó que le impidió temporalmente a Giuliani, beneficiarse de su programa de "socios", que permite monetizar los videos, por incumplir de manera reiterada las reglas de la plataforma sobre desinformación durante las elecciones estadounidenses.
El abogado y ex alcalde de Nueva York, cuyo canal tiene 600.000 abonados, ya no tiene acceso a ciertas funciones y ya no puede percibir dinero de los espacios publicitarios difundidos antes de los videos.
Giuliani, de 76 años, se arriesga además a su expulsión del Colegio de Abogados de Nueva York, después de alimentar teorías que aseguraban, sin pruebas, que se manipularon los comicios del 3 de noviembre pasado en beneficio de Biden.
La ola de cierre de cuentas y suspensiones desató un debate en todo el mundo sobre la libertad digital, el derecho a la información, la libertad de expresión y sobre la pertinencia de que sean las mega empresas, representantes de la elite tecnológica, quienes zanjen el problema, al margen de toda referencia a una ley elaborada desde el Estado y sus representantes electos.