El juez y exministro Sérgio Moro fue procesado por un magistrado de Brasilia que lo llevó a un juicio por el que puede ser condenado a resarcir al Estado por los daños económicos causados a la estatal petrolera Petrobras y en general a Brasil, llevando a la quiebra empresas, por su actuación en la operación anticorrupción Lava Jato.
La causa fue abierta por el juez federal Charles Frazado de Morais, de Brasilia, que recibió una acción judicial colectiva presentada por los diputados federales del opositor Partido de los Trabajadores del expresidente y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da SIlva, informó el diario Folha de Sao Paulo.
Moro, en la decisión, es calificado de "reo", es decir, que será sometido a proceso y al juicio en primera instancia.
La denuncia acusa a Moro de haber "manipulado a la mayor empresa brasileña, Petrobras, para usarla como instrumento de sus intereses personales" ya que "la perturbación en la compañía afectó a toda la cadena productiva y mercantil brasileña, principalmente al sector de hidrocarburos".
Moro condujo desde marzo de 2014 la Operación Lava Jato que reveló una gigantesca red de corrupción y sobornos entre Petrobras y la empresas constructoras contratistas, una causa por la cual condenó a prisión al expresidente Lula, que por ello quedó fuera de la elección de 2018 que ganó el presidente Jair Bolsonaro.
Las actuaciones de Moro fueron declaradas no imparciales por el Supremo Tribunal Federal, y todas las causas contra Lula fueron anuladas por manipulación y lawfare.
Moro, tras la victoria de Bolsonaro, abandonó el Poder Judicial y se sumó al gobierno de ultraderecha como ministro de Justicia, del cual salió en mayo de 2020.
El exjuez, hoy afiliado al partido de derecha Unión Brasil, formado por exbolsonaristas, había dicho que la denuncia en su contra de los parlamentarios del PT buscaba "invertir los valores de la sociedad y sancionar la lucha contra la corrupción".
"Moro practicó corrupción al violar las reglas del derecho y los principios básicos que fueron violados por la Operación Lava Jato", dijo el abogado Marco Aurelio Carvalho, del grupo Prerrogativas, un núcleo de juristas garantistas opuestos a la doctrina inaugurada en la operación anticorrupción.
El juez usó como base de su decisión un estudio de la Universidad Católica de San Pablo (PUC) basado en el instituto del petróleo Ineep, que indica que la Operación Lava Jato retiró 142.600 millones de reales de la economía brasileña al sancionar además de a los corruptos a la vida de las empresas.
Según sindicatos, 4.4 millones de empleos fueron afectados por la decisión de Moro de sancionar los contratos en marcha de las obras públicas.
