En la Federación Rusa, las torturas eran llevadas a cabo habitualmente por miembros de las Unidades de Usos Especiales, los denominados “spetsnaz”, en interrogatorios a menudo dirigidos por empleados del Servicio Federal de Seguridad (FSB), heredero del soviético KGB.
En muchos centros de detención los prisioneros eran ya recibidos con palizas y electrochoques mientras les decían “bienvenidos al infierno”; las torturas proseguían durante meses, en cualquier parte del centro de detención, acompañadas en ocasiones de abusos sexuales, según el informe.
Las condiciones de detención eran inhumanas, y muchos ex prisioneros indicaron a la comisión que tuvieron que recurrir a alimentarse con gusanos, jabón, papel o comida de perro.

En el apartado de ataques indiscriminados a zonas civiles, el informe recuerda que al menos 10.582 civiles han muerto y 19.875 resultaron heridos en más de dos años de invasión, muchos de ellos por el impacto de bombardeos aéreos y con artillería.
El informe recuerda especialmente el asedio de Mariúpol, entre el 24 de febrero y el 20 de mayo de 2022, donde los ataques dañaron 15.555 estructuras y las autoridades ucranianas estiman que miles de civiles fallecieron.
El asedio incluyó ataques con tanques contra hospitales, indica el informe, que también refiere casos más recientes, como el ataque a un café en Hroza, provincia de Kharkiv, que causó la muerte de 36 mujeres, 22 hombres y un niño el 5 de octubre de 2022.
El 29 de diciembre del pasado año, una ola de ataques rusos contra ocho ciudades ucranianas provocó el fallecimiento de más de medio centenar de personas, y al día siguiente una ofensiva similar contra la ciudad rusa de Belgorod mató a 25 personas.


El informe documenta también ataques contra patrimonio cultural, incluidos bombardeos contra los centros históricos de Odesa y Lviv, parte de la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El informe también denuncia el traslado ilegal de niños ucranianos a zonas bajo control ruso, como la península de Crimea, y casos de violaciones y abusos sexuales contra mujeres ucranianas.
El documento habla en menor grado de abusos por parte de Ucrania en el conflicto, pero sí cita violaciones de derechos humanos contra detenidos por sospechas de colaboración con la ocupación rusa.