Horas después de conocerse la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, este domingo el fiscal general de la dictadura chavista, Tarek William Saab, confirmó la información y señaló que la defensa por los derechos humanos fue arrestada por su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan para asesinar a Nicolás Maduro.
La confirmación de la captura se conoce dos días después de que, según diversas organizaciones no gubernamentales y partidos políticos de la oposición, fuera detenida la también abogada en el aeropuerto internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija.
En la red social X, el fiscal chavista señaló que San Miguel fue aprehendida tras emitirse una orden de captura en su contra por “estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios”.
‘Brazalete Blanco’ se trata, según dijo Saab en enero, de la conspiración más reciente de cinco que las autoridades desmantelaron desde mayo del año pasado, por las que han sido detenidas más de una treintena de personas, entre civiles y militares. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, también informó de la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que incluían el supuesto intento de asesinato de Nicolás Maduro.
Asimismo, el fiscal de la dictadura dijo este domingo que el plan también incluía el “ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (estado Táchira) y otras entidades del país”.
Aseguró, además, que las investigaciones “continúan su curso, recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país”.
El hecho generó un fuerte repudio a nivel nacional e internacional.
Amnistía Internacional (AI) exigió este domingo la libertad “inmediata e incondicional” de la activista y pidió el respeto a sus derechos y a la “medida cautelar de protección dictada a su favor” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, así como “acceso a abogados y familiares”.
Varias ONG venezolanas han denunciado que la familia de San Miguel desconoce su paradero desde la detención el pasado viernes.
La activista había informado este mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano presentar, “a más tardar el 6 de mayo”, un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a su favor y de otras dos personas, por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.
La información de su detención la dio este sábado la organización Provea. “Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas”, denunció la ONG.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón también se pronunció sobre la detención arbitraria de San Miguel y señaló que “allegados a la activista denuncian que desconocen su paradero a más de 24 horas de ocurrida la detención”.
Por su parte, el partido de la líder de la oposición María Corina Machado, Vente Venezuela, aseguró que con esta acción “el régimen sigue arremetiendo contra la sociedad civil como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos”.
