El Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil, ordenó hoy la liberación de 130 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro procesados por haber participado del intento de golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva el 8 de enero pasado, cuando fueron asaltados las sedes de los poderes del Estado en Brasilia.
La decisión fue adoptada por el juez supremo Alexandre de Moraes, encargado de las megacausas por actos contra el sistema democrático y la Constitución en la cual está siendo investigado el propio expresidente Bolsonaro.


El juez Moraes ha liberado en las últimas semanas a más de mil detenidos, todos ellos con tobillera electrónica y obligación de pasar la noche en sus domicilios, además de tener prohibido utilizar redes sociales..
Permanecen en cárceles de Brasilia 392 personas, siendo 310 hombre y 82 mujeres, según informó la fiscalía general.
Según la fiscalía general, los liberados están acusados de asociación ilícita e incitación al crimen.
En total, ya están 919 personas imputadas por la fiscalía general de estos delitos, de las cuales 219 responden por los delitos de golpe de Estado, daño calificado y acción para abolir el estado de derecho.
Al mismo tiempo, la Policía Federal continúa llevando adelante la operación de investigación Lesa Patria, que apunta a la búsqueda de los financiadores del movimiento bolsonarista a favor de un golpe de Estado surgido con fuerza y con respaldo de militares en actividad y retirados tras la victoria en las elecciones de octubre del presidente Lula.
El 8 de enero pasado Brasil vivió la mayor crisis institucional desde el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 con la planificación, que incluyó al comando político y operacional de la Policía de Brasilia, con la invasión por parte de miles de personas al Palacio del Planalto (sede de gobierno), Congreso y sede del Supremo Tribunal Federal, en la Plaza de los Tres Poderes.
La Corte Suprema determinó la suspensión del cargo del gobernador bolsonarista de Brasilia Ibaneis Rocha, una medida que continúa en vigencia.
La fiscalía general pidió el viernes pasado revocar la decisión para que Rocha retorne al cargo, luego de colocar la responsabilidad en su exsecretario de Seguridad Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro que permanece preso por sedición y por comandar el plan para liberar Brasilia.