El gobierno de Israel anunció este lunes la prohibición de ingreso al país de la vicepresidenta y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en respuesta a las medidas impulsadas por el presidente español, Pedro Sánchez, contra el Estado israelí por su ofensiva en Gaza.
El canciller israelí, Gideon Saar, justificó la decisión señalando que ambas funcionarias mantienen una postura “antiisraelí y antisemita”. En un comunicado, acusó a Díaz, líder del partido Sumar, de “aprovecharse de la debilidad política de Sánchez para arrastrarlo hacia una visión antisemita” y sostuvo que España mantiene un “antisemitismo institucionalizado”.
Saar también anunció una política de no contacto con ambas ministras, recordando que llamaron al boicot de productos israelíes, calificaron a Israel como un “Estado genocida” y celebraron el reconocimiento español de Palestina en mayo como “el primer paso para la liberación desde el río hasta el mar”.
En el caso de Sira Rego, el ministro la acusó de haber exigido a la Unión Europea sanciones totales contra Israel y de haber apoyado manifestaciones contra el equipo israelí en la última Vuelta Ciclista Internacional.
“Se tomarán decisiones adicionales posteriormente, en consulta con el primer ministro (Benjamín Netanyahu)”, advirtió Saar, quien incluso acusó al “corrupto gobierno de Sánchez” de utilizar ataques contra Israel para distraer de “escándalos internos”.
La escalada diplomática se produce en paralelo a los nuevos anuncios de Sánchez, que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas a Israel, la prohibición de ingreso en España de implicados en el conflicto, mayores restricciones a barcos y aeronaves con material de defensa, y la prohibición de importaciones provenientes de los asentamientos ilegales en Cisjordania y Gaza.
La ofensiva israelí sobre Gaza, en respuesta a los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, ya dejó más de 63.000 muertos, según las autoridades de la Franja controlada por la organización islamista. Relatores de la ONU, ONG internacionales y un creciente número de países califican la campaña militar como un genocidio, mientras Israel insiste en que se trata de una operación contra el terrorismo.
