Un hombre de 26 años fue condenado a muerte en Irán después de haber sido detenido por participar de la ola de protestas que sacuden a la República Islámica desde fines de diciembre, según informa la Organización Hengaw para los Derechos Humanos.
El grupo señala que la familia de Erfan Soltani fue informada que el joven será ejecutado el miércoles, aunque las autoridades no especificaron cuándo tuvo lugar el juicio ni cuáles son los cargos en su contra.

Al menos 2000 personas -incluidos miembros de las fuerzas de seguridad- han muerto durante las protestas en Irán, informaron el martes activistas y un funcionario del régimen, en la primera vez que las autoridades reconocen una cifra tan alta de víctimas fatales.
Al mismo tiempo, los iraníes pudieron comunicarse con el extranjero desde sus celulares por primera vez desde que las comunicaciones se interrumpieron durante la campaña gubernamental de represión, ofreciendo un atisbo de lo que sucede en el país tras varios días aislados del resto del mundo.
La agitación, desencadenada por la grave situación económica, ha representado el mayor desafío interno para los gobernantes clericales de Irán en al menos tres años y se produce en un momento de creciente presión internacional tras los ataques israelíes y norteamericanos del año pasado.

El caso de Soltani
Según la organización de derechos humanos, Soltani fue arrestado en su residencia privada el jueves pasado, en relación con las protestas en Fardis, Karaj, al oeste de Teherán, la capital iraní. Por el momento, no se identificó que autoridad llevó a cabo el arresto. Apenas cuatro días después de su detención, la familia fue notificada de que la ejecución del joven había sido programada.
“Nunca hemos sido testigos de un caso que avanzara tan rápido”, dijo Awyar Shekhi, miembro de Hengaw, al medio británico BBC. “El gobierno está utilizando todas las tácticas que conoce para reprimir a la población y sembrar el miedo”, agregó.
La organización denuncia al caso como una clara violación al derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a proteger derechos esenciales –como el derecho a un juicio justo– y derechos humanos, adoptado por las Naciones Unidas en 1966.
Según el grupo de derechos humanos, la hermana abogada de Soltani intentó seguir el caso por vías legales, pero las autoridades le impidieron acceder al expediente.
“La imposición y la ejecución prevista de una condena a muerte en condiciones en las que al acusado se le ha negado el acceso a un abogado, a una defensa efectiva y a un juicio independiente e imparcial equivale a una ejecución extrajudicial”, asegura la organización.
Hengaw advierte, además, su preocupación sobre el “creciente uso de juicios sumarios y ejecuciones contra personas detenidas en el marco de las recientes protestas”.