Francia vivió una de sus jornadas de mayor violencia de los últimos años. Las masivas protestas contra el aumento del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo y las deficiencias en los servicios públicos derivaron este sábado en incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos en distintas ciudades del país. El episodio más impactante ocurrió en Limoges, donde un grupo de encapuchados incendió el ayuntamiento, una construcción de 143 años cuya cúpula y gran parte de su estructura colapsaron por las llamas.
Las movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas en todo el territorio francés. Según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, alrededor de 550.000 manifestantes participaron de 110 marchas, mientras que los organizadores, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), elevaron la cifra a 800.000 personas.


Aunque gran parte de las concentraciones se desarrolló de manera pacífica, distintos grupos protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, atacaron comercios y dependencias estatales y prendieron fuego a vehículos y mobiliario urbano. El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó durante la noche que unas 1.200 personas habían sido detenidas y que 150 policías y gendarmes resultaron heridos.

Limoges: el fuego destruyó un ayuntamiento histórico
El hecho de mayor gravedad se produjo en el ayuntamiento de Limoges, una ciudad ubicada en el centro de Francia. El edificio, inaugurado en 1883, sufrió un incendio devastador que provocó el derrumbe de su techo y destruyó buena parte de la construcción.

Según los reportes oficiales, el ataque comenzó cuando varios individuos encapuchados incendiaron un vehículo de la Policía Municipal estacionado frente a la sede gubernamental. Luego rompieron las ventanas, ingresaron por la fuerza y provocaron el fuego en el interior del inmueble.


Las llamas avanzaron rápidamente por la estructura hasta alcanzar el techo. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo la cubierta cedía sobre los pisos inferiores, mientras una multitud observaba el incendio desde las inmediaciones.
El prefecto de la región, Maurice Barate, confirmó la gravedad de los daños y advirtió que el edificio estaba prácticamente perdido. Según precisó, el techo se derrumbó sobre los pisos inferiores, con excepción del ala oeste, y aproximadamente dos tercios de la parte exterior habían desaparecido.
El incendio se produjo al finalizar una manifestación contra el encarecimiento de la vida. La magnitud de los daños convirtió al ayuntamiento de Limoges en uno de los símbolos de la violencia registrada durante la jornada.
París, Lyon y Marsella también sufrieron ataques
Los disturbios se extendieron mucho más allá de Limoges. En París, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en distintos sectores, con lanzamiento de proyectiles, incendios y saqueos de comercios.
Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los grupos más violentos. También se incendiaron automóviles, bicicletas y contenedores, mientras varios establecimientos comerciales fueron saqueados. Ante los incidentes, algunas estaciones de metro permanecieron cerradas por razones de seguridad.
En Lyon, una de las principales ciudades francesas, se desató un incendio en el interior de la oficina de turismo. La marcha había reunido a unas 20.000 personas, según los reportes difundidos durante la jornada.

En Marsella, manifestantes ingresaron brevemente al vestíbulo del ayuntamiento y provocaron daños en el edificio. También fueron atacados comercios y una dependencia de la Policía Municipal.

La violencia alcanzó además a Burdeos, donde se denunciaron saqueos de locales comerciales y ataques contra edificios públicos. En la zona comercial de la calle Sainte-Catherine, el incendio de un establecimiento se propagó a parte del inmueble.


También se registraron episodios de violencia en Lille, Calais, Brest, Rennes, Toulouse, Montpellier y Grenoble, entre otras localidades. En algunos lugares hubo intentos de ingreso a sedes municipales y dependencias policiales.
El costo de vida y la crisis de los servicios públicos, detrás de las protestas
Las manifestaciones reunieron a estudiantes, trabajadores, jubilados, agricultores, docentes, transportistas y organizaciones sindicales. Los reclamos apuntaron principalmente al aumento de los precios, el encarecimiento de los combustibles y la pérdida del poder adquisitivo.
Los participantes también denunciaron el deterioro de los servicios públicos y las condiciones de las instituciones educativas, con críticas a la falta de docentes y a las deficiencias de infraestructura en escuelas y otros establecimientos.
Una parte de la movilización estuvo integrada por los denominados chalecos amarillos, el movimiento que irrumpió en Francia en 2018 a partir del rechazo al aumento de los combustibles y que luego amplió sus demandas contra la desigualdad social y las políticas económicas del Gobierno.
Esta vez, las convocatorias volvieron a circular por las redes sociales y confluyeron con las protestas estudiantiles que se desarrollaban desde septiembre. Las organizaciones sindicales respaldaron los reclamos por mejores salarios y jubilaciones, precios más bajos y protección de los servicios públicos.
La dimensión de la convocatoria reflejó un malestar social que excede una única reivindicación. Sin embargo, los episodios violentos fueron protagonizados por grupos específicos y no deben confundirse con el conjunto de los manifestantes, entre quienes también hubo numerosas marchas pacíficas.
Un manifestante perdió una mano y crecen las críticas a la Policía
La actuación de las fuerzas de seguridad también quedó bajo cuestionamiento después de que un joven resultara gravemente herido durante los enfrentamientos en Saint-Étienne. El manifestante sufrió la amputación de una mano, según confirmó el ministro Nuñez, quien anunció la apertura de una investigación.

Medios franceses informaron que la lesión habría sido provocada por la explosión de una granada aturdidora de uso policial, pero las autoridades no confirmaron esa versión de manera definitiva.
El episodio reavivó la controversia sobre el empleo de armas antidisturbios durante las protestas estudiantiles de las últimas semanas. Días antes, otro adolescente de 15 años había perdido una mano en un incidente ocurrido en Lens, en el norte del país.
A raíz de aquel caso, el Gobierno había suspendido temporalmente el uso de un tipo de granada aturdidora contra manifestantes secundarios. Sin embargo, la restricción no se extendía a todas las movilizaciones y su utilización podía autorizarse ante enfrentamientos graves.
La discusión sobre el accionar policial se convirtió así en otro de los ejes de la crisis, junto con los reclamos económicos y el deterioro de los servicios públicos.
Macron y Lecornu prometieron sanciones
El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó los ataques contra edificios públicos, comercios e instituciones y aseguró que los responsables serían perseguidos por la Justicia.
“Nos mantendremos unidos frente a quienes siembran el caos y solo buscan socavar nuestras instituciones”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales. También defendió el derecho de quienes se manifestaron pacíficamente a expresar sus reclamos.

Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu sostuvo que el Gobierno no se dejaría intimidar por la violencia. Además, apuntó contra grupos de extrema izquierda y delincuentes, a quienes responsabilizó por los ataques.
Tras los disturbios, Lecornu informó que unas 1.200 personas habían sido detenidas y que 150 integrantes de la Policía y la Gendarmería habían resultado heridos. El balance actualizó el primer informe del ministro del Interior, que había contabilizado alrededor de 400 detenciones.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también reclamó una respuesta judicial firme contra los responsables de los ataques a las fuerzas de seguridad, los bomberos, los edificios públicos y los comercios. En paralelo, los alcaldes de París, Marsella y Lyon pidieron reunirse con el primer ministro para analizar la magnitud de los daños y la secuencia de los hechos.
Las autoridades insistieron en diferenciar las reivindicaciones sociales de los actos de vandalismo y saqueo, mientras que organizaciones y referentes de las protestas cuestionaron la respuesta policial y reclamaron soluciones a los problemas económicos y educativos.
Una crisis social en la antesala de las elecciones de 2027
La jornada se produjo a seis meses de las elecciones presidenciales previstas para 2027, en un contexto de presión sobre el Gobierno de Macron por la situación económica, el endeudamiento público y las dificultades para alcanzar consensos políticos.
El resurgimiento de los chalecos amarillos, junto con la participación de estudiantes, trabajadores y jubilados, puso de manifiesto la amplitud del descontento que atraviesa al país.
Mientras el Gobierno busca restablecer el orden y avanzar con las investigaciones por los ataques, las imágenes del ayuntamiento de Limoges consumido por las llamas y los enfrentamientos en las principales ciudades dejaron en evidencia la gravedad de una crisis que combina reclamos sociales, tensión política y violencia urbana.