La jornada quedó eclipsada por la pandemia, que dejó una abstención histórica y la imagen del personal desplegado en los centros de votación protegido de pies a cabeza para permitir el sufragio presencial de electores enfermos de Covid-19 o en cuarentena.
A pesar de las divisiones internas surgidas tras el fracaso de la tentativa de secesión de octubre 2017, los separatistas en el poder ampliaron su mayoría parlamentaria e incluso superaron por primera vez en unos comicios regionales el 50% de los votos.
Esto diluyó la pírrica victoria de los socialistas de Pedro Sánchez, que se encomendó a la popularidad de su exministro de Sanidad y timonel de la lucha contra el virus en España, Salvador Illa, para conquistar esta rica región de 7,8 millones de habitantes.
Con un 23% de votos, Illa quedó en cabeza pero con solo 33 de 135 escaños se antoja difícil que llegue al poder, toda vez que los independentistas se comprometieron a no pactar el gobierno con él.
"El cambio ha llegado a Cataluña para quedarse", celebró el socialista, que se comprometió a someterse a la investidura pese a sus escasas opciones.
Pisándole los talones quedaron las dos formaciones del gobierno regional, Izquierda Republicana (ERC) con los mismos escaños pero un 21,3% de votos y Juntos por Cataluña (JxC) con 32.
Con los nueve de la izquierda radical CUP, los independentistas pasarían de 70 a 74 escaños y podrían formar gobierno si salvan las fuertes discrepancias surgidas desde el fracaso de 2017.
ERC superó a sus socios de coalición JxC, lo que sitúa a su candidato Pere Aragonés, un separatista moderado, como favorito para presidir la región.
"Hemos frenado la operación de Estado para expulsar el independentismo de las instituciones", celebró Aragonés, actualmente vicepresidente regional.
Los comicios llevaron por primera vez al Parlamento catalán a la ultraderecha de Vox, que con un encendido discurso contra el separatismo catalán se erigió como cuarta fuerza con 11 escaños.
Elecciones bajo el Covid-19
La pandemia condicionó unos comicios celebrados entre un fuerte despliegue de medidas sanitarias (mascarillas, distancia, gel, controles de aforo...) y donde pudieron votar presencialmente personas enfermas de covid o en cuarentena.
Para ellos se reservó la última hora de votación en una situación excepcional que obligó al personal del centro de votación a cubrirse completamente con monos blancos, guantes y pantalla facial.
"Estoy aquí por obligación. Si hubiera podido elegir, no habría venido", decía escondida tras todas estas protecciones Marta Manzanero, una comercial de 46 años esperando la llegada de votantes enfermos.
El temor al contagio arrastró la participación a un mínimo del 53,5% de los 5,6 millones de electores, que contrasta con el récord del 79% alcanzado en los comicios precedentes de 2017.
"Dudé hasta el último momento si venía a votar o no (...) Estas elecciones deberían haberse pospuesto", reconoció Cristina Caballero, una educadora infantil de 34 años en Barcelona.
"No es el mejor momento para hacer elecciones (...), pero cuando vas a trabajar cada día en metro, también te estás exponiendo", dijo Sergi López, de 40 años.
El gobierno regional había intentado aplazar los comicios a finales de mayo por la pandemia pero la justicia lo impidió.
Se temió por el propio dispositivo electoral, dado que más del 40% de personas designadas por sorteo para trabajar en él pidieron no acudir, pero finalmente todos los centros pudieron abrir.
Para minimizar el riesgo de contagio, las autoridades colocaron urnas en espacios abiertos, como el entorno del estadio del FC Barcelona o una plaza de toros en la ciudad de Tarragona, y obligaron a hacer las filas en el exterior, a pesar del frío y la lluvia intermitente.
Las elecciones, las quintas en esta región desde 2010, llegan más de tres años después de la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación marcado por la violencia policial y la fallida proclamación de una república.
El presidente regional de entonces, Carles Puigdemont, está exiliado en Bélgica y otros nueve dirigentes cumplen penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición.
Desde entonces, el independentismo se dividió entre la estrategia rupturista de Puigdemont y la moderación de ERC, que incluso se ha convertido en sostén del gobierno minoritario de Sánchez en el Congreso español.