El diario ABC Color detalló que solo en la Penitenciaría de Tacumbú, la principal del país, hay 2.300 presos pese a que su capacidad es solo para 800 internos.
“No sé si llega a la mitad los que tienen condenas”, reconoció Pérez.
Durante la pandemia, el penal había bajado levemente la cantidad de reos, y llegó a tener 2.100, pero el cierre de algunas cárceles obligó al traslado de algunos detenidos a esta sede de Asunción.
La ministra Pérez dijo que, cuando asumió, había 13.748 reos, de los cuales solo 4.014 tenían condena firme y el resto, es decir 9.734, eran internos procesados, pero el incremento de la población penitenciaria trajo consecuentemente una suba de personas con medidas cautelares.
La titular de Justicia reveló que el Gobierno analiza reflotar un proyecto de ley presentado hace años para establecer reducciones en los plazos en casos de flagrancia.
“A los efectos de que se puedan definir en corto tiempo los casos que no necesitan mayores elementos para la condena, que son los casos de flagrancia o cuasiflagrancia, por decirlo de alguna manera, cuando inmediatamente ya después del hecho se le detiene a la persona y se encuentran los objetos robados y la víctima le reconoce, por ejemplo. Ahí ya se tiene todo y no hace falta esperar tanto tiempo”, ejemplificó.
Esa iniciativa, repasó, había sido archivado en el Congreso pero existen conversaciones con la Corte Suprema de Justicia para volver a impulsarla.
Las declaraciones fueron disparadas porque se reveló que un preso fue asesinado en Tacumbú y su cuerpo fue sacado en una bolsa dentro de un carro con residuos.
Pérez dijo que constitucionalmente los procesados “no deberían estar en el mismo recinto penitenciario que los condenados”, un precepto que “no se pude cumplir con ello por varios motivos, empezando por el alto número de gente” que sigue condena.
“Ahora mismo tenemos 18 centros penitenciarios, de los cuales cuatro son netamente de condenados y en los otros se deben tener la consideración de grupos del crimen organizado, y ahora le planteamos a la Corte un proyecto para determinar ciertos penales para procesados y otros para condenados”, reveló Pérez, en declaraciones a ABC.