Parlamentarios chilenos alcanzaron un acuerdo para realizar un nuevo proceso constituyente, que permitirá redactar una nueva Carta Magna que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, un hecho que fue saludado hoy por el presidente Gabriel Boric y definido como una “segunda oportunidad” y un paso “necesario”, tres meses después de que la ciudadanía rechazara en un plebiscito una anterior propuesta de Constitución.
“Acuerdo por Chile” es el nombre del pacto al que llegaron anoche las diferentes fuerzas parlamentarias y que indica que el proceso estará a cargo de un Consejo Constitucional de 50 miembros elegidos por voto popular, que tendrán por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, y de una Comisión Experta de 24 personas designadas por el Congreso.
(FW)"Una Constitución es algo que tiene que ver directamente con nuestras vidas, es algo que nos incumbe y que representa el pacto social que ordena las reglas que rigen nuestra vida en común"Gabriel Boric
Boric consideró que la actual Constitución está “agotada”, por lo que este pacto implica “una segunda oportunidad”.
“Una Constitución es algo que tiene que ver directamente con nuestras vidas; es algo que nos incumbe. Por eso la importancia de este acuerdo, que busca abrir el camino de un marco de convivencia que permita reemplazar una Constitución que, transversalmente estamos de acuerdo, está agotada, y que nos encamine hacia un Chile más justo y más democrático”, dijo Boric esta mañana desde el Palacio de La Moneda.
El mandatario agradeció la labor de los partidos políticos al señalar que estos “le han devuelto al país la posibilidad de tener una nueva Constitución".
"Hemos dado un paso necesario y espero decisivo”, aseguró.
Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, destacó desde La Moneda que en los próximos días ingresará por la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente y agregó que solicitarán discusión inmediata al Ejecutivo para poder iniciar el proceso en enero de 2023.
“Este es un tiempo que esperamos que sea relativamente corto, pero que requiere que el trabajo de redacción de la reforma se desarrolle con mucha acuciosidad”, advirtió Elizalde, quien añadió que “va a haber mayoría en ambas cámaras para su aprobación”.

“Acuerdo por Chile”
Si la reforma constitucional es ingresada y aprobada por ambas cámaras a la brevedad, la Comisión Experta comenzaría a funcionar en enero del próximo año y deberá presentar un anteproyecto al Consejo Constitucional, que será votado en abril de 2023, para instalarse el 21 de mayo y entregar el proyecto final el 21 de octubre.
El anteproyecto deberá respetar 12 bases constitucionales que tiene el “Acuerdo por Chile” y deberá ser votado por el Consejo Constitucional elegido democráticamente en forma paritaria y con representación de los pueblos originarios.
El texto del acuerdo indica que, si los plazos se van cumpliendo, el 26 de noviembre o el 3 de diciembre de 2023 se realizará un plebiscito de salida obligatorio en el que se decidirá si se ratifica o no el proyecto de Carta Magna.
Sobre la Comisión Experta, el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, hizo un llamado a los partidos a “poner la mejor gente disponible que tiene este país para hacer una Constitución que represente a todos y a todas".
"Le hacemos un llamado a los partidos a que elijan bien, a que elijan con responsabilidad, pensando en los próximos 40 años de Chile”, indicó.
El “Acuerdo por Chile” fue firmado por Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical de Chile, Partido Liberal de Chile, Partido por la Democracia, Partido Socialista de Chile, Partido Comunista de Chile, Partido Comunes, Partido Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática, Amarillos por Chile, Demócratas y UNIR.

Segunda oportunidad
De esta manera, será la segunda oportunidad de escribir una Constitución en democracia, ya que la vigente data de 1980, cuando el país vivía bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que se extendió entre 1973 y 1990.
El primer proceso constituyente fue rechazado el pasado 4 de septiembre, cuando la propuesta redactada por la Convención Constitucional, órgano compuesto por 155 miembros elegidos por votación popular, fue rechazada en el plebiscito de salida con un contundente 61% de los votos.
El inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue posible tras las movilizaciones y masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva carta magna.
Si bien el acuerdo fue firmado por la mayoría de las fuerzas políticas, el Partido Republicano (extrema derecha) y el Partido de la Gente -ambos con representación parlamentaria- se mantuvieron al margen.
El presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno, expresó que su agrupación fue excluida de las conversaciones, lo que “no hace más que demostrar con hechos que existe una mala costumbre de decidir sobre los intereses de la ciudadanía”.
“Yo personalmente estoy molesto porque nosotros en varias ocasiones insistimos en que nos dijeran hora y lugar para las reuniones, de lo cual no tuvimos respuesta”, indicó en un 'streaming' en vivo tras la presentación del acuerdo.
El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, cuestionó que los parlamentarios “decidieron saltarse un plebiscito de entrada, en que los chilenos podamos rechazar su cocina política y acuerdo".
"Somos los únicos animales que cometemos el mismo error dos veces seguidas. Este acuerdo logrado por los políticos, no es más que una Convención 2.0, lograda a imagen y semejanza de la recientemente fracasada, es prácticamente lo mismo que rechazamos casi 8 millones de chilenos", indicó en sus redes sociales.