El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, celebró este martes como un “gran día de la libertad” el golpe de estado de 1964 que instaló el último gobierno de facto en el país y duró más de dos décadas.

“Gran día de la libertad”, dijo el mandatario esta mañana a un pequeño grupo de simpatizantes a las puertas del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, en reiterado desafío a las recomendaciones de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus.

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Bolsonaro -capitán retirado del Ejército- no hizo ninguna otra alusión al día del derrocamiento del presidente Joao Goulart, del que hoy se cumplen 56 años, según la agencia de noticias EFE.
En cambio, la fecha fue recordada con más énfasis por el vicepresidente, general retirado Hamilton Mourao, integrante de la llamada “ala militar” del gobierno que controla la mitad del gabinete.



“Hace 56 años, las Fuerzas Armadas intervinieron en la política nacional para enfrentar el desorden, la subversión y la corrupción que estremecían las instituciones y asustaban a la población”, dijo Mourao en Twitter.




El golpe del 31 de marzo de 1964 ya había sido reivindicado anoche por el Ministerio de Defensa en un comunicado que esta mañana se leyó en las formaciones en todos los cuarteles militares por orden del ministro, general Fernando Azevedo.
“El movimiento de 1964 es un hito para la democracia brasileña; Brasil reaccionó con determinación a las amenazas que se formaban en aquella época”, dice la nota.

El texto agrega que “la sociedad brasileña, los empresarios y la prensa entendieron las amenazas de aquel momento, se aliaron y reaccionaron”, y “las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de contener la escalada, con los desgastes previsibles”.




La ley de amnistía de 1979 permitió el regreso de los exiliados y la restauración de las libertades políticas en una transición hasta 1985, pero también impide los juicios por violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
Según informó en 2014 la Comisión de la Verdad instalada por la entonces presidenta Dilma Rousseff, 434 personas fueron muertas y desaparecidas en forma ilegal.
La comisión pidió sumar a esas víctimas a 8.350 indígenas que fueron asesinados en represiones ilegales y fusilamientos por los militares para llevar adelante obras de infraestructura en la selva amazónica, explotar piedras preciosas y desarrollar el agronegocio.