El alcalde de la capital del estado de Guerrero, en el sur de México, fue asesinado menos de una semana después de asumir el cargo, informaron las autoridades el domingo.
Alejandro Arcos fue juramentado el lunes como alcalde de Chilpancingo, una ciudad tan violenta que un cártel del narcotráfico realizó una demostración a plena luz del día, robó un vehículo blindado del gobierno y tomó a policías como rehenes en 2023 para exigir la liberación de sospechosos detenidos.
La fiscalía del estado emitió un comunicado el domingo en el que confirmó que Arcos había sido asesinado, pero no se dieron a conocer más detalles.
Alcalde de México
Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó el asesinato de Arcos y dijo que el recién nombrado secretario del ayuntamiento de Chilpancingo también fue abatido tres días antes.
“Llevaban menos de una semana en el cargo. Funcionarios jóvenes y honestos que buscaban progreso para su comunidad”, escribió Moreno en sus cuentas de redes sociales.
Chilpancingo ha sido escenario desde hace años de sangrientas disputas territoriales entre dos grupos del crimen organizado, Los Ardillos y los Tlacos, las cuales han dejado como resultado decenas de asesinatos y varios escándalos.
Una alcaldesa previa fue captada en video mientras aparentemente sostenía una reunión con líderes de uno de los grupos delictivos en un restaurante. Más adelante fue expulsada del partido.
En julio de 2023, funcionarios federales señalaron que una manifestación en la que participaron cientos de personas ese mes en Chilpancingo había sido organizada por Los Ardillos a fin de obtener la liberación de dos de los líderes de la organización que habían sido detenidos por posesión de drogas y armas.
Los manifestantes bloquearon la circulación en la carretera que va de Ciudad de México al puerto de Acapulco durante dos días, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y robaron un vehículo policial blindado que utilizaron para embestir contra las puertas de la legislatura del estado.
Los manifestantes secuestraron a 10 miembros de la policía estatal y de la Guardia Nacional, así como a tres funcionarios estatales y federales, y los mantuvieron como rehenes hasta que se cumplieron sus demandas.