La detención y posterior investigación contra la abogada argentina Agostina Páez, en Brasil, hizo que Anamá Ferreira rompiera el silencio sobre al caso y dejó definiciones tajantes sobre el racismo, la diferencia de marcos legales entre ambos países y la naturalización de conductas discriminatorias.
“Mirá, es un hecho muy triste y lamentable. Yo vivo en una Argentina, amo la Argentina, pero es un país racista”, indicó Ferreira; tras estos dichos, marcó un contraste claro: “Si hablás mal de un judío, por suerte, está la DAIA, que es una entidad fuerte y, en dos minutos, está presente y defiende, pero con los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, que todo el mundo los trata con desprecio, nadie los defiende”.
En este marco, destacó la legislación antirracista de Brasil y la contundencia de su aplicación. “En Brasil hay una ley que está informada en todos lados para que no discriminen a la gente afrodescendiente”, indicó.
Ferreira hizo referencia a la Ley Nº 7.716/1989, que tipifica los crímenes de discriminación racial y a su modificación a través de la Ley Nº 14.532/2023, que equipara la injuria racial al delito de racismo; la normativa prevé penas de prisión de dos a cinco años, no admite fianza y contempla sanciones adicionales, como la prohibición de asistir a eventos deportivos o culturales.
La investigación quedó a cargo de la 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha; ante la gravedad del delito imputado y el riesgo de fuga, la Justicia brasileña dispuso medidas restrictivas mientras avanza el proceso, en un país donde la injuria racial es considerada racismo y se sanciona con penas efectivas de prisión.
