A una semana de una marcha federal universitaria, el Consejo Superior de la UBA decidió unánimemente sumarse y convocar a la movilización "en reclamo por la situación salarial de sus trabajadores y por un presupuesto universitario que garantice el cumplimiento de sus fines”.
A su vez, a través de una resolución, le pidió al presidente Javier Milei que no vete la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y que prevé, entre otros puntos importantes, un aumento para los salarios de docentes y no docentes.
Para promover la convocatoria a la movilización, la Universidad de Buenos Aires lanzó un spot donde enfatiza: "Marchamos por el futuro. Marchamos por la educación". En el video se pueden ver a distintas personas recorriendo algunas de las sedes de la UBA decidiéndose a salir a las calles. El corte cierra con el textual: "Marchamos al Congreso contra el veto a la Ley de Financiamiento a las Universidades Públicas".
Un veto a la educación es un veto al futuro.
— UBAonline (@UBAonline) September 25, 2024
El miércoles 2 de octubre a las 17h, marchamos al Congreso contra el veto a la Ley de Financiamiento a las Universidades Públicas.
Cuidemos lo que funciona.
Cuidemos a la Universidad pública. pic.twitter.com/LehZQzlvCE
Será la segunda marcha federal universitaria contra el Gobierno después de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo que estudiantes, docentes, gremios, legisladores y dirigentes de la oposición llevaron a cabo el 23 de abril último en rechazo al recorte presupuestario que había puesto en marcha la gestión de Milei, y que debió desactivar.
Ante el anuncio de Milei, todavía no concretado, de vetar la norma sancionada el 13 de septiembre último, las organizaciones que integran la comunidad universitaria movilizarse al Congreso a las 17 horas. Resolvieron además concretar un paro los días 26 y 27 de este mes.
El rector de la UBA lanzó: "El Gobierno tiene un plan sistemático, metódico y gradual para la destrucción de la educación pública"
Por su parte, el rector de la UBA Ricardo Gelpi, dijo durante su exposición ante el Consejo Superior: "Hoy estoy convencido de que el Gobierno tiene un plan sistemático, metódico y gradual para la destrucción de la educación pública. La prueba de esto es que un Gobierno que va a vetar una Ley de Financiamiento, que implicaba muy poco porcentaje del PBI del país, es un Gobierno que no está apuntando a la educación, ni a la ciencia, ni a la parte social de las universidades. Esto no es política, es un reclamo por el futuro del país”.
Y agregó “En abril, cuando todos fuimos a esa marcha multitudinaria, tenía la esperanza de que el Gobierno se dé cuenta de que a la universidad pública hay que financiarla, que hay que ayudarla, que se den cuenta de la importancia de la educación pública. Cinco meses después veo que no aprendieron nada en ese momento”.
Al convocar a la marcha del próximo miércoles, la UBA se suma a la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de organizaciones sindicales docentes, no docentes, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Financiamiento Universitario: en qué la ley que el Gobierno busca vetar
La iniciativa aprobada por ambas Cámaras del Congreso, y que el Gobierno prevé vetar, establece en primer lugar que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno tendrá que ajustar los presupuestos de las universidades acuerdo a la inflación.
A su vez, establece que tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, mientras que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.
Uno de los puntos centrales que contempla la ley es un aumento mensual de los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo con las autoridades de las Universidades Nacionales.