Este miércoles se cumple el plazo que el Tribunal Oral Federal 2 le impuso a los nueve imputados en la causa Vialidad para que, en forma solidaria, paguen un total de u$s537 millones como parte de la condena por defraudación al Estado. Horas antes de ejecutarse el decomiso, la defensa de Cristina Kirchner presentó un escrito en el que afirma que no tiene el dinero suficiente para hacer frente a los $684.000 millones y apeló el cálculo de la actualización del mismo por IPC.
En una intimación firmada por el juez de ejecución Jorge Gorini, se le daba a los imputados diez días hábiles de tiempo para pagar o, de lo contrario, se le ejecutarán los bienes. Ese plazo vence este miércoles 13/08. Además de Cristina de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron este martes una respuesta a la intimación por un lado y la apelación de la redeterminación de la cifra final realizada por el Tribunal. Además, reclamaron que el caso lo trate el fuero civil y comercial.
En uno de los escritos, Cristina sostiene que no tiene bienes que sean “instrumentos, producto o provecho del delito” y que toda su evolución patrimonial y la de su familia fue declarada legítima en causas anteriores con sentencias firme. Por ese motivo, para la defensa, el decomiso de los bienes implicaría “violar la cosa juzgada y el principio de legalidad”.
Para Cristina, además, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no determinaron fehacientemente qué bienes de CFK habrían sido producto de la defraudación al Estado que ellos dieron por probada, por lo tanto, no podrían ejecutarle bienes obtenidos de manera lícita. En esa misma línea, afirma que podría afectarse con la medida a terceros. En concreto, a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, “legítimos propietarios por herencia” en forma previa a la condena.
¿Decomiso o reparación civil?
Beraldi y Llernovoy advierten que -a su criterio- el Tribunal “confunde” la figura de un decomiso con una reparación civil. Y advierten que se incurre en la cosa juzgada, ya que ya se está sustanciando en paralelo un proceso civil para la reparación por daños, como lo establece el Código Penal.
El otro escrito presentado es un recurso de casación contra la resolución del TOF2 que actualizó el monto del decomiso a $684.990.350.139,86 usando el índice de precios al consumidor (IPC). En la sentencia de primera instancia del año 2022 el monto total del decomiso había sido fijado en $84.835 millones, aunque fue declarado provisorio y sujeto a una actualización posterior por un cuerpo de peritos. Lo que argumenta la defensa de CFK es que la cifra final se fijó sin abrir el debate y sin que las partes pudieran discutir la metodología del cálculo.
Además, los letrados rechazan que la cuenta se haya echo en base al IPC, ya que -afirman- el mismo tribunal en casos recientes y con los mismos jueces rechazó el uso de ese índice para calcular las actualizaciones de decomisos y aplicó tasas bancarias para ese fin.
En la misma presentación, además, reclaman que el caso pase al fuero civil y comercial. Según argumentan, “traslada criterios de reparación civil al ámbito penal, generando un efecto confiscatorio y duplicando consecuencias patrimoniales”.
Con estos lineamientos, los defensores de CFK reclaman que se incorpore prueba documental sobre los bienes de la expresidenta; que se declare la incompetencia del tribunal y se remita el caso al fuero civil; que se convoque a Florencia y Máximo Kirchner al proceso para que puedan ejercer su defensa y que se suspenda la ejecución prevista para mañana.