Unos 60 legisladores de Unión por la Patria, entre senadores y diputados, convergieron en el Palacio Legislativo para remarcar en una conferencia de prensa su oposición al DNU 846/2024, que propone un libre canje de la deuda pública, e instaron a los demás espacios a sumarse al rechazo en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

La conferencia significó una expresión de unidad, ya que estuvieron presentes representantes de diversos distritos y espacios internos. Los oradores de la jornada fueron Germán Martínez y José Mayans, titulares de los bloques de ambas cámaras, y fue el formoseño quien explicitó que "estamos acá todos los que pensamos en una patria libre, justa y soberana. Vamos a trabajar en consecuencia para ofrecerle al pueblo argentino una alternativa válida para construir vida digna y tengamos justicia social".

Germán Martínez fue el primero que tomó la palabra y señaló que la convocatoria se realiza en la antesala del debate por el Presupuesto 2025 y apuntó que en la actual gestión se dio "el retorno de la centralidad de la deuda". Asimismo, recordó que la modificación del marco normativo con respecto a la deuda público se intentó hacer en la ley Bases y, en las posteriores negociaciones, se lo quitó de la redacción. "¿Cuál es el apuro? ¿Por qué lo hacen por DNU?", indagó el diputado y continuó: "Esto forma parte de los actos preparatorios; están construyendo el camino jurídico para hacer un canje de deuda formal o informal de espalda al Congreso".
"Para rechazar este DNU necesitamos de nuestra vocación pero también la de otros espacios políticos para no dejarse atropellar por este Poder Ejecutivo", apuntó y subrayó: "Nuestro espacio político no va a reconocer ningún tipo de proceso de canje de deuda que se haga en el marco de este DNU del Ejecutivo y que quiera llevarse por delante a la Ley de Información Financiera y sin la debida participación del Congreso". "El marco legal puede ser atractivo para los bonistas pero va a ser perjudicial para los argentinos", analizó.
Luego de un recuento histórico del endeudamiento y de las reformas del sistema previsional, José Mayans dijo que la deuda pública nacional pasó de u$s377.000 millones a u$s458.000 millones en los ocho meses de la actual gestión: "El ministro de Economía tiene la obligación de venir al parlamento para que explique qué esta haciendo con la deuda y con la plata argentina, además de cómo la van a pagar a esa deuda". Para concluir, señaló: "Esto es un robo a cara descubierta del país".
Piden tratamiento Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo
Tanto Germán Martínez como José Mayans insistieron en el tratamiento del DNU 846/2024 en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, cuya última reunión fue el pasado 8 de agosto. "Vamos a poner nuestra fuerza en la comisión para rechazar el DNU de forma completa", remarcó el senador.
Al respecto del DNU 70/2023 (que se encuentra vigente en materia de alquileres y tarjeta de créditos, entre otras cuestiones) que fue rechazado en el Senado pero no así en Diputados, Martínez planteó que "nosotros nunca entramos en un juego de 'toma y daca' con el Gobierno" y aseguró que "vemos que los diputados de los distintos espacios políticos no están en una posición distinta a cuatro meses atrás".
En diálogo con este medio, la senadora Teresa González indicó que desde la dirección de la Comisión Bicameral "vienen eludiendo la convocatoria e incluir estos temas en la agenda. Por eso hicimos esta conferencia: para que se sepa y no pase desapercibido". Finalmente, la diputada Vanesa Siley afirmó que las solicitudes para una nueva convocatoria han sido oficializadas y que se fortalecen los lazos con Encuentro Federal para derogar decretos conflictivos.
Consultado por Ámbito sobre si esto representa una recuperación de la iniciativa del peronismo, el senador Mariano Recalde analizó que "tenemos iniciativa... con los votos que tenemos. Lo mostramos en jubilaciones y financiamiento universitario".
Qué dice el DNU 846/2024 que Unión por la Patria busca derogar
El DNU 846/2024 fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 20 de septiembre y cuenta con seis artículos, tres de los cuales abordan su comunicación y uno deroga un pasado decreto de Javier Milei (el 280/2024), que en simultáneo anula el artículo 74 de la Ley N° 24.241, que plantea que "las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones podrán invertir el activo del fondo administrado en títulos públicos emitidos por la Nación a través de la Secretaría de Hacienda, o el Banco Central de la República Argentina, hasta el 50% del total del activo del fondo".
Otro de ellos, sustituye el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 pero ratifica que se conserva hasta el 70% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) en títulos públicos, cuenten o no con garantías.
Sin embargo, el más pertinente es el segundo artículo del DNU 846/2024 que dispone que "las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago. Los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados para cada una de las operaciones que se realicen".