En un sorprendente giro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 24 de agosto un decreto que abre la puerta a la restauración de una polémica medida que permitiría la internación involuntaria de personas sin hogar, particularmente aquellas que padecen adicciones o trastornos de salud mental graves. La medida, que ha generado una gran controversia, busca abordar la creciente crisis de la indigencia en el país, especialmente en las grandes ciudades.
El “compromiso civil” que Trump pretende reinstaurar remite a una práctica utilizada en la década de 1950, que permitía el internamiento compulsivo de personas en instituciones de salud mental. El nuevo decreto da instrucciones al fiscal general, Pam Bondi, para tomar acciones legales que revocarían los precedentes judiciales que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para internar a las personas sin hogar en centros de tratamiento.
Trump argumentó que más de 274.000 personas deambulan por las calles de los Estados Unidos debido a condiciones de salud mental y adicciones a drogas duras como metanfetaminas, cocaína y opioides. Según el presidente, dos tercios de las personas sin hogar han consumido drogas duras a lo largo de sus vidas y muchas sufren trastornos mentales graves.
“La abrumadora mayoría de estas personas son adictas a las drogas, tienen una condición de salud mental o ambas. Se debe actuar”, aseguró Trump en los fundamentos del decreto.
Además del internamiento involuntario, el decreto estipula que los departamentos de Justicia, Salud, Servicios Humanos, Vivienda y Transporte prioricen las subvenciones federales para aquellos estados y ciudades que fomenten el cumplimiento de las prohibiciones sobre el consumo de drogas en espacios públicos y el acampe urbano. Se prevé que se asignen fondos federales para remover campamentos de personas sin hogar en lugares donde la seguridad pública esté en peligro.
Por otro lado, el presidente solicitó que se evalúen los recursos federales para asegurar que aquellos con enfermedades mentales graves no sean liberados nuevamente en las calles. El objetivo principal de la medida es, según Trump, eliminar la delincuencia y el desorden en las ciudades.
El internamiento civil involuntario no es una nueva política, pero sí una que ha generado un gran debate, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos. Durante la década de 1950, esta medida fue utilizada no solo para personas con problemas de salud mental o adicciones, sino también como herramienta de control para grupos vulnerables, entre ellos personas LGBTQ+, afroamericanos y personas con discapacidades del desarrollo.
En aquel entonces, se estima que más de 500.000 personas fueron internadas de manera forzosa en instituciones de salud mental. Aunque la cifra ha disminuido, los críticos de la medida temen que el restablecimiento del “compromiso civil” pueda llevar nuevamente a una criminalización de personas vulnerables.
La decisión de Trump no tardó en generar críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles y de personas con trastornos mentales, quienes argumentan que esta práctica podría ser utilizada para encarcelar a personas vulnerables sin el debido proceso legal. Además, algunos expertos en salud mental consideran que el internamiento involuntario no es una solución a largo plazo para la crisis de la indigencia, ya que no aborda los factores subyacentes que contribuyen a la falta de vivienda, como la pobreza y la falta de servicios de salud mental accesibles.
La polémica sobre esta medida también se centra en la discriminación racial. Según un informe de 2022, los afroamericanos tienen más probabilidades que los estadounidenses blancos de ser internados de manera compulsiva, lo que ha levantado aún más la preocupación sobre el impacto desproporcionado que esta política podría tener sobre las comunidades de color.