Los partidarios del ex presidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), anunciaron este viernes una movilización en La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo, para defender su postulación a las elecciones generales de 2025 y exigir la liberación de más de un centenar de detenidos durante los bloqueos que lideraron durante 24 días.
La decisión fue tomada tras una reunión de más de ocho horas en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del ex mandatario.
Morales se reunió con parlamentarios y sindicalistas afines para planificar acciones en respuesta a los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que inhabilitan su candidatura y lo apartaron del liderazgo del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras casi tres décadas al frente.

”Determinamos la organización de una gran movilización nacional en la ciudad de La Paz para exigir la libertad de nuestros hermanos y hermanas detenidos injustamente por el régimen de (el presidente) Luis Arce y (el vicepresidente) David Choquehuanca”, afirmaron en el encuentro.

Los sectores afines a Morales insisten en que este “continúa siendo legal, legítima y constitucionalmente el presidente del MAS”. Alegan que la Constitución boliviana y una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en 2021 respaldan su habilitación como candidato presidencial para 2025.
Además, exigieron respeto por una ley promulgada recientemente por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afín a Morales, que cesa a los magistrados del TCP. Esto ocurre mientras el presidente Arce se encuentra en Brasil participando en la Cumbre del G20.

Tanto los seguidores de Morales como la oposición cuestionan a los magistrados del Constitucional, acusándolos de prorrogar su mandato más allá de diciembre de 2023, cuando debía concluir según la normativa vigente. La realización de las elecciones judiciales, previstas para diciembre próximo, está en el centro de la controversia.
El enfrentamiento entre Arce y Morales se intensificó este año ante la renovación de la dirección nacional del MAS, agravando una relación ya fracturada desde finales de 2021 debido a diferencias sobre la gestión del Ejecutivo y del partido.
En la reunión de Lauca Ñ, los aliados de Morales calificaron al presidente Arce como “traidor” y afirmaron que una eventual reelección del mandatario no tendría éxito porque “el instrumento político le pertenece a Morales”.
Durante los bloqueos de caminos liderados por los seguidores de Morales, exigieron el retiro de una investigación penal contra el ex mandatario por delitos de estupro y trata de personas, la cual consideran parte de una persecución política. El Gobierno de Arce, en cambio, acusó a estos sectores de buscar desestabilizar al Ejecutivo.
En respuesta, la Policía desbloqueó las carreteras tras enfrentamientos que dejaron agentes y periodistas heridos, además de la captura de más de 121 personas, según denuncias de los seguidores de Morales.
Los partidarios del ex mandatario también planean acudir a organismos internacionales para denunciar presuntas violaciones de derechos humanos y exigir garantías para el debido proceso de los detenidos.
La pugna interna en el oficialismo evidencia la fractura en el MAS, mientras Bolivia enfrenta un panorama político marcado por la polarización y la incertidumbre ante las elecciones de 2025.