La Provincia pondrá en marcha un sistema de asignación basado en criterios técnicos, productivos y de empleo. El objetivo es garantizar una distribución transparente del recurso, promover inversiones y fortalecer la industria pesquera santacruceña.

La Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, avanza en la implementación del nuevo Régimen Provincial de Cuotificación de Merluza Común, una herramienta que busca ordenar la administración del recurso pesquero mediante criterios objetivos, verificables y orientados al desarrollo productivo de Santa Cruz.

El nuevo esquema reemplazará el sistema anterior por un mecanismo de asignación que brindará mayor previsibilidad a las empresas y permitirá fortalecer el empleo, las inversiones y el procesamiento de materia prima dentro del territorio provincial.

La masa cuotificable surge del 4,80 por ciento de la Captura Máxima Permisible asignada a Santa Cruz por el Consejo Federal Pesquero. De ese total, el 90 por ciento será distribuido mediante el régimen de cuotificación, mientras que el 10 por ciento restante conformará una Reserva Administrativa Provincial destinada a atender necesidades estratégicas del sector.

Criterios objetivos para distribuir el recurso

La asignación de cuotas se realizará a partir de una evaluación técnico-productiva que tendrá en cuenta distintos factores, entre ellos el sostenimiento del empleo registrado, el historial de descargas y procesamiento en la provincia, la capacidad industrial instalada, las inversiones acreditadas, la continuidad operativa y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y pesqueras.

Además, toda la materia prima alcanzada por el régimen estará sujeta a un sistema obligatorio de trazabilidad que permitirá realizar un seguimiento integral del recurso desde su captura hasta el procesamiento y destino final.

Desde la cartera pesquera señalaron que esta herramienta garantizará una mayor transparencia y fortalecerá los mecanismos de control y fiscalización de toda la cadena productiva.

Un régimen con vigencia de diez años

El sistema tendrá una vigencia de diez años y contará con revisiones técnicas anuales para evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios de acuerdo con la evolución de la actividad.

Asimismo, se estableció que las cuotas constituyen autorizaciones administrativas de uso otorgadas en función del interés público y el desarrollo industrial, por lo que no generan derechos de propiedad sobre el recurso ni podrán ser cedidas, transferidas o comercializadas.

“La merluza debe traducirse en más trabajo para los santacruceños”

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó que la iniciativa representa un cambio profundo en la forma de administrar uno de los principales recursos pesqueros de la provincia.

“Este nuevo régimen es un reordenamiento profundo de cómo se administra la merluza. Pasamos de un esquema sin reglas claras a un sistema con criterios objetivos, transparentes y verificables, que premia a quien genera empleo, procesa en la provincia e invierte”, sostuvo.

La funcionaria remarcó además que el objetivo es que los recursos pesqueros se conviertan en oportunidades de desarrollo para Santa Cruz.

“La merluza es un recurso de todos los santacruceños y tiene que traducirse en más trabajo y más desarrollo para nuestra gente”, afirmó.

Más previsibilidad para la industria pesquera

Por su parte, el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, señaló que el nuevo régimen permitirá planificar el crecimiento de la actividad con reglas claras y mecanismos de control más eficientes.

“La cuotificación nos da previsibilidad y nos permite planificar el futuro de la actividad. Cada tonelada va a estar trazada desde la captura hasta el procesamiento, lo que garantiza control, transparencia y un uso responsable del recurso”, expresó.

Con esta medida, el Gobierno Provincial busca fomentar el agregado de valor en origen, fortalecer el procesamiento en plantas santacruceñas y consolidar un modelo de desarrollo pesquero basado en la sustentabilidad, la transparencia y la generación de empleo local.

La iniciativa se enmarca en la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal para administrar los recursos estratégicos de Santa Cruz priorizando la producción, el trabajo y el crecimiento económico de la provincia.