La Justicia Federal ordenó limitar el funcionamiento del centro de residuos y prohibió enterramientos, quemas, vuelcos y otras prácticas mientras avanza una investigación por una posible afectación ambiental en cercanías del río Fitz Roy. El concejal Ignacio Moreno Hueyo, quien había realizado una denuncia, valoró la intervención judicial.

La Justicia Federal ordenó restringir durante 90 días las actividades del Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI) de El Chaltén, en el marco de una investigación por una presunta contaminación que podría afectar al río Fitz Roy.


La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto, a pedido de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y se desarrolla dentro de una investigación encabezada por el fiscal federal interino Julio Zárate por una presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Durante el plazo establecido, el funcionamiento del CARRI quedará limitado a tareas de acopio, selección, compactación, acondicionamiento y transferencia de residuos inorgánicos recuperables, siempre que se encuentren limpios y secos.

Qué actividades quedaron prohibidas

La resolución ordenó el cese inmediato de toda disposición final, enterramiento, cobertura con tierra, quema, abandono, descarga, vuelco o dispersión de residuos dentro del predio.

También quedó prohibido el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales de generación universal para su disposición o permanencia sobre suelo natural.

Las restricciones alcanzan además al lavado de camiones, mantenimiento mecánico, cambios de aceite o combustible y otras operaciones que puedan liberar hidrocarburos, grasas o efluentes sobre superficies sin impermeabilización y sin sistemas adecuados de recolección y contención.

La Justicia dispuso, además, que determinados sectores deberán ser aislados físicamente y señalizados, entre ellos aquellos donde fueron encontrados recipientes con combustibles, aceites y sustancias grasas, lugares donde se observaron derrames y puntos relacionados con las muestras tomadas durante la investigación.

Qué encontraron durante la investigación

Uno de los procedimientos centrales de la causa se realizó el pasado 26 de mayo, cuando personal de Prefectura Naval Argentina inspeccionó el predio durante un allanamiento solicitado por la Unidad Fiscal.

Durante el operativo se tomaron muestras de suelo que posteriormente arrojaron presencia de Material Extraíble con Hexano (HEM), utilizado como indicador de grasas y aceites, tanto en muestras sólidas como líquidas.

También se informó un resultado positivo para SGT-HEM, empleado para identificar hidrocarburos, en las muestras sólidas analizadas.

En el marco de la investigación, el fiscal Zárate señaló que el acopio inadecuado de recipientes, la falta de impermeabilización y sistemas de contención y la exposición a la intemperie eran compatibles con los resultados obtenidos.

Moreno Hueyo valoró la decisión judicial

El concejal de El Chaltén Ignacio Moreno Hueyo, quien había realizado una denuncia por la situación del predio, celebró el avance de la causa y recordó que los cuestionamientos por el funcionamiento del CARRI comenzaron durante 2025.

Según relató, antes de recurrir a la Justicia se habían realizado gestiones ante organismos provinciales y Parques Nacionales.

“La intervención de la Justicia me parece extraordinaria. Yo tengo denuncias realizadas en la Justicia que no han avanzado, entonces que en una causa iniciada el año pasado ya haya allanamientos y una medida cautelar es para destacar”, expresó.

El edil también cuestionó el accionar de autoridades provinciales y municipales y sostuvo que espera que la investigación continúe avanzando.

Piden la remediación del predio

Moreno Hueyo planteó además que, más allá de las restricciones establecidas durante los próximos 90 días, considera necesario avanzar sobre las consecuencias que podrían haber dejado las prácticas investigadas.

“Esperamos que haya una sentencia que termine ordenando la remediación del predio, porque ahora el problema está abajo de la tierra. Es necesario que el municipio remedie el lugar”, sostuvo.

La medida adoptada es de carácter cautelar y la investigación continuará para determinar el alcance de la posible afectación ambiental y las eventuales responsabilidades.