La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este martes clases públicas en Plaza de Mayo para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales.
La jornada comenzó temprano por la mañana y se extenderá hasta la medianoche, con la participación de los 13 decanos de las distintas facultades, quienes dictarán clases magistrales abiertas al público.
En tanto, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó específicamente a sus clases públicas desde las 11 en Plaza de Mayo, en el marco de la jornada nacional de lucha de las universidades.
Además de las clases habrá actividades científicas y servicios gratuitos para la comunidad durante la protesta.
Entre las prestaciones previstas habrá atención en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
También se instalarán espacios para exhibir proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico realizados en la universidad.
Entre ellos se mostrará un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la UBA.
La iniciativa busca visibilizar el impacto del presupuesto universitario en áreas como la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica.
El reclamo apunta a que el Gobierno nacional aplique la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y cumpla los fallos judiciales vinculados con la recomposición salarial y las becas estudiantiles.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto tiene como antecedente el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que la normativa solo podría ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
La decisión motivó presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas universidades nacionales ante la Justicia.
En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la ley, relacionados con la actualización salarial del personal docente y no docente y la recomposición de las becas estudiantiles.
El conflicto sumó otro capítulo el 1° de septiembre, cuando el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar "de forma inmediata" las partidas contempladas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley.
Esos fondos están destinados a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación, mientras que el magistrado señaló que el impacto fiscal de la normativa equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Los gremios universitarios anticiparon que, si el Gobierno no cumple con la ley antes de la primera semana de octubre, realizarán la quinta Marcha Federal Universitaria.