La crisis laboral en Argentina suma un nuevo capítulo con la quiebra de ARSA, la empresa que se encargaba de la elaboración de productos lácteos como el queso Mendicrim y el postre Shimmy de Sancor, situación que deja a 500 trabajadores en la calle. Luciano Asad, secretario General de Atilra (Junín, PBA) y delegado general de ARSA, brindó detalles sobre el proceso que terminó con el cierre de las plantas en Córdoba y en la Provincia de Buenos Aires. Reforma laboral: un senador libertario delató los planes del Gobierno con las licencias
Vaciamiento En diálogo con El Destape Radio, Asad señaló que los problemas comenzaron tras la pandemia y se agravaron con el tiempo: “Después de la pandemia empezaron a vaciar la empresa”. La situación se precipitó con el cese de pagos y la declaración formal de la quiebra. "Se concursa luego del cambio de gobierno y en el año 2024 dejan de pagar salarios y entramos en conflicto en las dos plantas, la de Córdoba y la de la Provincia de Bs As", explicó el dirigente gremial. El conflicto escaló en 2025, cuando la empresa anunció un cierre temporal que se volvió definitivo. "En mayo del 2025 le dicen a la gente que iban a cerrar la empresa por un mes. Tratamos que los empleados se queden en la planta, la empresa cerró la planta y desaparecieron y en octubre decretaron la quiebra que ahora quedó decretada".

El presidente de la CAC dijo que "quedar en el camino" es "el precio que hay que pagar" Asad denunció que la quiebra forma parte de una maniobra para evadir responsabilidades con los empleados. "Desde el año pasado no cobramos el salario. Este conflicto fue originado por la empresa como una estrategia empresarial para llegar a la quiebra y decir que se llegó a esta situación porque el gremio entorpeció y los trabajadores no colaboraron", afirmó, sentenciando: "El conflicto fue inducido para no pagar salarios". El delegado también apuntó al manejo corporativo de la firma, mencionando la participación del Grupo Vicentin y un misterioso grupo venezolano. "El Grupo Vicentin dice que los capitales no son de la empresa, que son de un grupo venezolano que son los mismos que quebraron La Suipachense". Frente a este panorama, los trabajadores han tomado la iniciativa. "Los compañeros se han organizado, han conformado una cooperativa para hacerse cargo y presentar un proyecto de inversión", informó Asad. Ahora, la esperanza está puesta en el sistema judicial: "Necesitamos que la justicia esté a favor del trabajo genuino y que le de una oportunidad a la cooperativa", reclamó, destacando que la fábrica se encuentra actualmente con custodia policial solicitada por los propios empleados.