Autoridades provinciales y municipales mantuvieron una reunión para abordar la aplicación de la normativa recientemente reglamentada. Analizaron el rol de los municipios como autoridades de aplicación y los mecanismos de articulación para el acompañamiento de las personas con discapacidad.

Representantes del Gobierno de Santa Cruz y de la Municipalidad de Río Gallegos mantuvieron una reunión de trabajo centrada en la implementación de la Ley Provincial de Discapacidad, recientemente reglamentada, y en la coordinación de acciones entre ambas administraciones.

El encuentro fue encabezado por la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa, quien recibió a integrantes del área de Discapacidad del Municipio capitalino.

Participaron Andrea Barría, directora General de Coordinación de Desarrollo Comunitario; Natalia Del Busto y Gisela Gallardo, asesoras técnicas; y Emmanuel Tureuna, jefe de Departamento de Políticas para Personas con Discapacidad.

El rol de los municipios en la nueva etapa

Uno de los principales puntos abordados fue el rol de los municipios como autoridades de aplicación de la normativa y la coordinación que deberán mantener con el Gobierno Provincial.

También se analizaron los abordajes y acompañamientos que actualmente se desarrollan para las personas con discapacidad, con el objetivo de establecer mecanismos de trabajo entre las áreas provinciales y municipales.

La reunión se desarrolló a través de la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

Coordinación entre Provincia y Municipio

Ulloa explicó que el encuentro surgió a partir del contacto con el nuevo responsable del área municipal.

“Tuvimos comunicación con el nuevo jefe de Departamento de Discapacidad de la municipalidad y nos solicitó reunirnos para coordinar el trabajo. Nuestro equipo les explicó cómo venimos trabajando en los distintos abordajes y acompañamientos”, señaló.

Desde el área provincial indicaron que la intención es mantener espacios de coordinación con los municipios para implementar la normativa y articular las intervenciones territoriales destinadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.