Un nuevo escándalo acaba de detonar en la Policía de Córdoba, una semana después de que el subjefe de la fuerza, Alejandro Mercado, el jefe de las Brigadas Civiles, Cristian Cabrera, y la subcomisario Verónica Aguilar quedaran detenidos acusados de apañar a una banda dedicada a la "reducción" de celulares robados, entre otros delitos.
Ahora, tras el hallazgo dentro de una base policial de dos celulares que el fin de semana último fueron robados a personas que se divertían en un boliche del Centro de la Capital cordobesa, el fiscal Guillermo González analiza imputar y detener a otros efectivos de la fuerza.
De acuerdo a lo informado por fuentes que siguen bien de cerca esta investigación, la geolocalización de uno de los aparatos robados el fin de semana llevó este martes a los investigadores de la fiscalía a la base del Departamento Motocicletas Sur de la Dirección de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba. El predio está ubicado en calles Duarte Quirós y Diego de Cala, de barrio Las Palmas, a un paso de la Escuela de Policía.
Se trata de una base: en este predio se guardan las motos y los pertrechos oficiales, mientras se asignan las duplas que van a salir a patrullar. O sea, sólo ingresan policías.
Allí, según informa Cadena 3, los sabuesos de la fiscalía encontraron dos celulares robados que estaban escondidos en uno de los baños que sólo utilizan los policías. "Estamos seguros de que cuando nos vieron entrar, los policías que tenían estos celulares corrieron al baño para esconderlos", apuntó un investigador. Es que la orden del fiscal González había sido más que clara: requisar uno a uno a todos los policías que estuvieran allí en ese momento.
Pero en el medio asoma otra duda: ¿alguien les avisó justo a tiempo de que se estaba por concretar este allanamiento?
Los pesquisas son optimistas en lograr identificar a los policías que tenían estos celulares encima. La sospecha es más que delicada: horas después de concretarse el robo en el local bailable, los agentes policiales ya tenían en su poder los aparatos sustraídos. ¿Fueron ellos los que directamente los robaron? ¿O acaso actuaron como "reducidores"?
Fue una de las víctimas que aportó las coordenadas que terminaron por ser claves para llegar a semejante descubrimiento. Pero junto al teléfono de ella, que fue recuperado, se encontró otro aparato, también sustraído.
Hace tiempo que el robo de aparatos celulares en Córdoba se volvió una modalidad delictiva demasiado extendida. Motochoros, arrebatadores y verdaderas organizaciones que ingresan a los boliches, bailes y recitales con el sólo objetivo de arruinar la diversión ajena.
Una "industria" que ya se ha cobrado algunas vidas y que obligó, a fuerza de repetición e impunidad, a que jóvenes y más grandes tuvieran que cambiar sus hábitos para intentar evitar este tipo de robos. De noche, hay varios que evitan ingresar con los teléfonos a los lugares de diversión. Y de día, ya hay recomendaciones para intentar no sacarlos en la vía pública.
Ante lo extendido de esta modalidad, siempre surge el mismo interrogante: si hay tantos robos, es porque alguien luego lucra con estos aparatos. Aparecen, aquí, los "reducidores", quienes cumplen un rol fundamental en toda la cadena delictiva.
En Córdoba, cuentan quienes conocen de sobra este submundo, se ha organizado una mega estructura alrededor de la "industria de los celulares robados": en los barrios pululan los negocios que se presentan con una fachada de reparación de celulares, pero que en realidad sirven para "enfriarlos" allí hasta que los delincuentes se cercioren de que no está activada la geolocalización de los aparatos.
Luego, asoman los "laboratorios" que se dedican a desbloquear y formatear estos celulares, para luego llevarlos a otros locales de apariencia legal donde son vendidos. O, directamente, los ofrecen por las redes sociales.
Parte de esta cadena quedó en evidencia la semana pasada cuando el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, avanzó sobre el denominado "clan Monge", una familia dedicada desde hace años a la compra y venta de celulares.
Con un comercio en la archiconocida Galería Norte, además de otros locales en galerías del Centro cordobés, un hombre y sus tres hijos fueron acusados de "reducir" teléfonos robados, además de otra gama de delitos.
Señalada por integrar, supuestamente, la misma organización, también fue detenido quien hasta hace unos meses revestía como jefe de las Brigadas Civiles de la Policía, el comisario Cristian Cabrera.
En febrero pasado, cuando Gavier ordenó un primer allanamiento contra esas "cuevas", este jefe policial fue sorprendido adentro de uno de estos locales. En aquel momento, no supo explicar qué estaba haciendo.
Le secuestraron dos celulares. La información que surgió de esos teléfonos terminó por ser esencial para el avance de la investigación, según apuntaron las fuentes consultadas.
A partir de esos análisis, más nuevas pruebas, el fiscal avanzó en dirección a otros dos policías. El subjefe Mercado permanece preso en Bouwer desde la semana pasada, acusado de haber encubierto a Cabrera. Jamás en los últimos 40 años un jefe de tanta jerarquía había sido detenido en actividad.
También fue capturada la subcomisario Verónica Aguilar, quien estaba trabajando en las Brigadas Civiles, con asiento en Saldán. Al ser allanada le secuestraron casi 15 millones de pesos en efectivo, además de una máquina para contar dinero.
Junto a los tres policías, fue detenido un empleado judicial, Juan José Corzo, acusado por ahora de falsa denuncia y falsedad ideológica. Según confiaron las fuentes consultadas, se sospecha que cuando trabajaba en la unidad judicial 13, donde también estaba el comisario Cabrera, a pedido de este redactaba denuncias falsas sobre robo de neumáticos, con la idea de defraudar a las empresas aseguradoras.
Hay una coincidencia, que por ahora no deja de serla: en los últimos meses, Corzo había sido trasladado desde la unidad judicial hacia la fiscalía de Guillermo González. Durante años, este fiscal se ocupó de investigar la "reducción" de celulares robados en los locales del Centro cordobés. Pero hace más de un año, a partir de la reestructuración geográfica que dispuso Fiscalía General, ya no tiene competencia en esa zona. O sea, cuando Corzo llegó a la fiscalía de González, ya no investigaba en Galería Norte y alrededores.
La pista policial detrás del millonario y sangriento negocio de los teléfonos sustraídos empieza a convertirse en Córdoba en algo más que un escándalo. Una sospecha que atraviesa a la Policía.
A lo que se suma otro caso que amenaza con escalar: hace más de una semana que nadie puede explicar cómo "desapareció" un camión que estaba secuestrado en la comisaría de Monte Cristo, caso que esta semana comenzó a investigar la fiscal Eugenia Pérez Moreno.