La Justicia ordenó que Gendarmería realice el peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa que ya acumula cerca de 20 procesados por presuntas coimas y que avanza hacia una nueva tanda de procesamientos.
Como parte de la medida, el exfuncionario deberá presentarse en tribunales para aportar una muestra de su voz, que será comparada con las grabaciones que dieron origen al expediente.
El juzgado ya fijó los puntos de pericia que deberán analizar los especialistas. Antes de que comience el estudio técnico, Spagnuolo tendrá que grabar determinadas palabras y frases que luego serán cotejadas con los audios difundidos públicamente. El objetivo es determinar si la voz corresponde efectivamente al exfuncionario y establecer si los archivos presentan signos de edición, manipulación o generación mediante inteligencia artificial.
La medida se produce por pedido de las defensas de algunos de los acusados, que sostienen que las grabaciones son apócrifas. Según ese planteo, los audios habrían sido generados o modificados con inteligencia artificial, contendrían cortes y fragmentos sacados de contexto, habrían sido grabados en distintos momentos y combinarían expresiones de Spagnuolo con otras que no le pertenecerían.
La estrategia apunta a demostrar que el material carece de autenticidad y reclamar la nulidad de la causa. En esa línea, la defensa del extitular de ANDIS, encabezada por Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentó el año pasado un informe técnico privado que detectó, según sostuvo, un 65% de probabilidades de que la voz hubiera sido modificada mediante inteligencia artificial.
El peritaje fue ordenado tras un fallo de la Cámara Federal y representa un cambio respecto del criterio que había sostenido anteriormente el entonces juez subrogante Sebastián Casanello (ahora está en manos de Ariel Lijo). Hasta ahora, las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba principal de la investigación debido al riesgo de que una eventual falsedad o adulteración pudiera afectar el resto del expediente bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.
Entre los aspectos que deberán analizar los peritos figuran el origen natural o sintético de los archivos, la detección de eventuales procesos de edición, la comparación de parámetros acústico-fonéticos y la identificación de posibles intervenciones mediante herramientas de inteligencia artificial o síntesis digital. También deberán examinar dos audios adicionales disponibles en internet para detectar divergencias o modificaciones entre las distintas versiones.
El estudio técnico se suma a una investigación que ya avanzó por otras vías. Aun cuando se detectaran irregularidades en las grabaciones, el fiscal federal Franco Picardi reunió pruebas independientes de esos audios, entre ellas capturas de chats en las que se hace referencia a presuntos sobornos.
La causa investiga un supuesto esquema de direccionamiento de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. En el expediente están procesados Spagnuolo, exfuncionarios, empresarios y otros presuntos integrantes de una asociación ilícita que, según la acusación, habría adjudicado contratos millonarios a cambio de coimas de entre el 12% y el 20% de los montos involucrados.
En paralelo, un informe del Ministerio de Salud incorporado a la causa advirtió presuntos “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por la ANDIS durante 2025. El documento analizó operaciones vinculadas a insumos ortopédicos y médicos y señaló diferencias de precios que, en algunos casos, superaron ampliamente los valores de referencia utilizados por otros organismos del Estado.
Según ese informe, también se detectaron presuntas conexiones societarias y familiares entre proveedores, además de posibles maniobras de simulación de competencia. El análisis relevó 505 expedientes por más de $18.368 millones y fue incorporado al expediente judicial que investiga el presunto fraude millonario en el organismo.